Los recortes que exige España a gritos (y los políticos no quieren ni ver)

En España hay oficialmente cerca de 122.000 políticos electos, sin contar puestos en organismos internacionales, asesores de comarcas, agrupaciones de municipios o áreas metropolitanas.
España lidera este ránking, muy por encima de Italia, el segundo país con más políticos de Europa. Sus sueldos son pagados por todos, pero no se ha recortado su número en toda la crisis, pese a los tijeretazos y subidas de impuestos de PP y PSOE.
Pese a tener el doble de población, Alemania registra un número sensiblemente inferior a España, un diferencia de 300.000 políticos, pese a tener los mismos niveles de administración -Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Consejos Comarcales, Provincias y municipios-. El número de políticos alcanza los 445.568 en España, un número que en conjunto supera al de médicos, polícias y bomberos, quienes apenas superan los 300.000.
Asimismo, chocan los sueldazos políticos frente al que cobran médicos, polícias, maestros o bomberos. En concreto, un diputado raso cobra 51.576 euros (14 mensualidades), unos 3.684 euros -si vive en Madrid- y 4.637 euros si procede de otra provincia española.
La diferencia es abismal en comparación con profesiones públicas para las que se necesita una fuerte preparación física y mental. El maestro cobra unos 1.400 euros, un policía alcanza a los 1.600 euros -más de 2.000 euros si es autonómica- y un bombero gana 1.800 euros. Los médicos llegan a cobrar unos 2.200 euros.
Asimismo, los diputados disfrutan de la pensión máxima de jubilación siempre y cuando hayan pasado 11 años entre el Congreso y el Senado. Este dispendio fue cortado para los nuevos diputados a partir de 2012, pero los anteriores continúan percibiéndola. No obstante, la Ley les otorga el 80 por ciento del salario -unos 4.640 euros brutos- durante 24 meses después de abandonar su cargo. Es decir, que continúan cobrando una prestación a la que soñaría cualquier trabajador si se quedase en paro. Todo ello a costa del contribuyente.
Para ser diputado no es necesario pasar por ningún tipo de examen u oposición, requisito indispensable para ejercer como médico, profesor, polícia o bombero, quienes pasan duras pruebas físico y teóricas.
La lista de recortes a realizar empezaría por el Congreso y el Senado, con 650 políticos, siguiendo por los parlamentarios autonómicos, unos 1.206. Existen 8.112 alcaldes, otros 65.900 concejales, 1.031 diputados provinciales, otros 970 cargos de confianza en diputaciones, 139 responsables de cabildos y consejos insulares, 13 consejeros en el Valle de Arán, 2.800 en las mancomunidades, 40.000 políticos contratados como cargos de confianza, 131.250 políticos que ocupan cargos en empresas públicas o mayoritariamente públicas, 1.100 políticos en la UE, otros 940 «embajadores» autonómicos, los 60 políticos que forman el Consejo de Estado, otros 1.600 políticos que cobran su pensión pública, otros 120 en el Tribunal de Cuentas, cerca de 4.800 consejos económicos y asesores, defensores del pueblo, menor, mujer o consumidores, entre otros, suman otros 900, más de 2.600 en observatorios y asesores, 1.600 en Fundaciones públicas.
Asimismo, hay que añadir los sindicalistas liberados, que suman otros 65.130, junto con los 31.210 representantes de la patronal, otros 6.000 en Cámaras de Comercio, otros 800 cargos políticos en la Tesorería General de la Seguridad Social, 2.400 en el INEM, 1.900 cargos políticos en entidades educativas, más los 80 del Instituto Cervantes.
Asimismo, hay 240 cargos políticos en embajadas nacionales, otros 230 en entidades de cooperación al desarrollo, 630 cargos políticos en medios de comunicación públicos, otras 140 entidades de gestión de fondos de formación, más las 860 entidades de desarrollo rural. Asimismo, existen otros 480 consejos reguladores, 160 políticos en organismos internacionales, 870 en consorcios, 440 en comisiones nacionales, como la CNMV y CNMC, entre otras.
Otros 680 ocupan su puesto como gestores de fondos públicos, otros 132 en la Casa Real, mientras que en entidades financieras públicas hay 460. También hay que juntar los 40 cargos de designación para gestores de clases pasivas, los 390 cargos de designación para entes gestores de vivienda pública, las 430 entidades de publicaciones públicas
Entidades de difusión cultural en el exterior (estatal y autonómica), 1.470; Agencias Públicas de Regulación, 910; Tribunales y entes de mediación, 630; Entidades de conservación del patrimonio, 860; Entidades de investigación e I+D, 182; Entidades relacionadas con el tabaco, 182; Entidades relacionadas con el juego, 164; Patrimonio del Estado y autonómicos, 640; Entidades de coordinación territorial y municipal, 450; Entidades de mutualidades públicas, 1.360; Cargos de designación directa en el sistema sanitario, 8.260; Cargos de designación directa en el sistema educativo, 9.390; Organismos de control interno, 4.270; Organismos de gestión catastral, 2.470; Direcciones generales de Policía y Guardia Civil, 130; Instituciones Penitenciarias, 61; Protección civil y servicios de emergencias, 700; Seguimientos de medios de comunicación y gabinetes de prensa, 7.200; Servicios estadísticos y de padrón municipales, 730; Entidades de transporte público estatal, autonómico y local, 7.800; Entidades de conservación de infraestructuras, 1.360; Correos y telégrafos, 870; Consejos deportivos, 120; Entidades bibliotecarias y museísticas, 2.080; Entidades vinculadas al teatro, cine y expresiones artísticas y culturales, 1.415; Entidades de conservación, 360; Entidades de reindustrialización y reconversión, 82; Entidades vinculadas a la gestión de la energía, 540; Mercados centrales, 346; Desarrollo de medios rurales, 1.315; Gestión del agua y cuencas hidrográficas, 860; Protección medioambiental y actuaciones en la costa, 2.105; Agencias meteorológicas, 26; Agencias de cambio climático y reducción del gasto energético, 480; Centros de estudios sociológicos, históricos y constitucionales, 795; Organismos de igualdad y prevención de la violencia doméstica, 2.330; Organismos de trasplantes y donación, 86; Plan nacional sobre drogas, 36; Entidades estatales y autonómicas de comercio exterior, 2.450; Entidades de astronomía y astrofísica, 34; Entidades de investigación oceanográfica y pesqueras, 260; y Parques tecnológicos y empresariales, 370.