Los testigos que han declarado este jueves ante la magistrada que investiga la celebración de actos el 8M han ratificado sus declaraciones incluidas en el informe de la Guardia Civil, en las que aseguraron que la Delegación del Gobierno de Madrid les recomendó cancelar los eventos que tenían previstos en días posteriores por el coronavirus.

Las ocho declaraciones previstas para la mañana de este jueves han transcurrido con normalidad ante la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, únicamente con algún cambio en los turnos previstos debido al retraso de alguno de los testigos, detallan fuentes jurídicas.

En la sesión vespertina han comparecido los jefes de servicio y sección del departamento de Seguridad Ciudadana y dos auxiliares administrativas, además del jefe de Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey, quien ya declaró ante la Guardia Civil que la manifestación del 8M no se debería haber celebrado.

Muhzrram ha reiterado ante la juez que, en su opinión aunque no es virólogo, la protesta no se debería haber producido.

También han testificado Javier Gómez Ochoa, de la Federación de Construcción y Servicio, de Comisiones Obreras; Antonio García Edwards, de Anonymus for de Voiceless Animal Save; y Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura Asaja.

Tras las declaraciones, el abogado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Jesús Martín Vázquez, ha enfatizado que la sesión se ha desarrollado con «absoluta normalidad» y los testigos han ratificado las declaraciones que realizaron en su momento.

Vázquez ha rechazado la petición de la Fiscalía de archivar la causa ya que entienden que los «hechos investigados sí son susceptibles de un delito de prevaricación», ya que las competencias de Franco también incluyen el ámbito sanitario.

El abogado también se ha referido a los correos enviados antes del 8M por el departamento de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno recomendando a sus empleados una serie de consejos para evitar contagios. «Los mandó -en referencia al jefe del área- a todos los correos de la Delegación», ha afirmado.

Ayer, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, aseguró durante su declaración como investigado en la causa que no había recibido ese correo.

El letrado de UO, asociación que tiene la dirección letrada en la causa, ha reconocido que todas las llamadas del departamento de Franco para persuadir a los convocantes a que no llevaran a cabo sus protestas se produjeron después del 8M.

Por su parte, Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura Asaja, ha incidido que entre el 12 y el 14 de marzo recibió llamadas de personal de la Delegación del Gobierno para que cancelará una «tractorada» convocada para el 24 de marzo.

Esta protesta iba a partir de Extremadura hasta la sede de la Vicepresidencia del Gobierno de Pablo Iglesias.

Ante la negativa a desconvocar esta marcha, la Delegación del Gobierno en Madrid decidió no autorizarla a fecha del 16 de marzo por la pandemia del coronavirus. «Simplemente hemos venido a colaborar con la justicia», ha añadido Metidieri a los periodistas que esperaban en la puerta de los juzgados.

Por la tarde será el turno de los convocantes de otras siete protestas en Madrid que recibieron llamadas de la Delegación del Gobierno para conocer si iban a desarrollar sus manifestaciones. Actos que finalmente fueron cancelados por la crisis sanitaria.

Acudirán la presidenta de la Asociación de Personas Aptas sin Ayuda de Alquiler, Dina Chnaiker; de la plataforma Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe irá María Teresa Martínez; y Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón.

También están citados a testificar Antonio O’Connor secretario general del sindicato CGT Madrid, Luis Concha del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa, Moises Fernández de CGT Amazon y Santiago de la Iglesia del sindicato Oficios Varios del Sur CGT.