Los testigos desmienten a Mas: Educación enfureció cuando se exigió la orden por escrito

Los testigos del caso 9-N, en el que se investiga a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por la celebración del referéndum ilegal, desmienten la versión oficial.
Josep Alsina, inspector de Educación en Cataluña, contradice el relato de los acusados y ha llegado a afirmar que la Consejería de Educación catalana «se enfureció» cuando se le exigió dar formalmente por escrito las órdenes para abrir los colegios para colocar después las urnas y que los independentistas pudieran votar un referéndum ilegal.
Según Alsina, las órdenes de Educación no fueron inicialmente concretas o detalladas, en resumen, que no eran nada claras sobre qué tenían que hacer los directores de los colegios. Alsina ha ido desmontando uno por uno los argumentos dados por Rigau y Mas sobre la consulta ilegal, como que los voluntarios lo organizaron todo.
De hecho, según la versión del testigo, que solo puede decir la verdad en el juicio, la Consejería de Educación realizó la cesión de locales escolares, y que la Consejería se negó tajantemente a entregar las instrucciones por escrito. En este sentido, ha afirmado que dos directoras  de centros escolares así lo exigieron. «Ellas me dijeron que la directora de Servicios Territoriales se puso furiosa, dijo que si lo decía ella no era necesario hacerlo por escrito», ha afirmado.
En este caso, una de las directoras rechazó tanto como la cesión del centro como dar las llaves para que un tercero lo abriera. Asimismo, solo tuvieron como respuesta una hoja sellada y sin firma de los Servicios Territoriales de la Generalitat, conforme se habían entregado las llaves, ha añadido. Alsina explicó que le habían engañado por no estar rubricada.
«Yo como inspector sí hice un escrito en el que les decía a las directoras del centro que si la Consejería de Enseñanza exigía ceder los locales para la votación, debía hacerlo por escrito», ha asegurado ante el juez, ya que la ley así lo estipula, y afeó a la Consejería de Rigau de no haber comunicado la cesión de las llaves por escrito.