Madrid dará prioridad a los «criterios sociales» en los contratos municipales

Madrid, 19 ene.- Madrid se regirá desde mañana por una nueva normativa de contratación pública que no contempla el precio como principal elemento para ganar licitaciones, introduce «criterios sociales» y obliga las empresas beneficiarias de contratos de más de 300.000 euros a subrogar a todos los empleados del servicio.

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha afirmado que con este decreto Madrid se pone «en vanguardia» europea en la introducción de perspectivas sociales y de mantenimiento del empleo en la contratación pública, unos requisitos que habrían impedido a las concesionarias de la limpieza reducir personal y mantener a la vez los contratos.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Concejalía junto a su jefa de Gabinete, Esther López Barceló, el responsable del área ha definido el cambio en la contratación como un «elemento puntero» que permite «intervenir» para «mejorar la vida de la gente».

De modo paralelo, se crea una comisión de seguimiento para verificar la «correcta ejecución» de los contratos y estudiar la reversión en caso de graves incumplimientos, puesto que si en el Ayuntamiento se ven ahora «atados de manos» para actuar en los acuerdos heredados del anterior equipo de gobierno, los que se firmen a partir de mañana serán más fáciles de rescindir si hay incumplimientos graves, ha dicho.

Entre los elementos «sociales» obligatorios está la «perspectiva de género», con lo que la empresa tendrá que «demostrar» que no utiliza lenguaje ni imágenes sexistas en sus campañas publicitarias o en la web debido a que el Ayuntamiento entiende que «la lucha por la igualdad» se debe impulsar y garantizar, ha comentado López Barceló.

Obligatorio será también que los servicios se desarrollen con respeto a las normas sociolaborales de la Unión Europea, que se tengan en cuenta los derechos de las personas con diversidad funcional, el cumplimiento de los convenios colectivos y los complementos de antigüedad en lo que respecta a los salarios o la adopción de medidas para la seguridad en el trabajo.

La empresa adjudicataria deberá demostrar además que cumple con al menos uno de siguientes objetivos de política social: igualdad, accesibilidad, seguridad y salud laboral, estabilidad del empleo y formación en el lugar de trabajo.

En el caso de los contratos directamente relacionados con políticas sociales como por ejemplo la educación o la asistencia a mayores, esos objetivos de política social se emplearán como criterio obligatorio para valorar y adjudicar.

La normativa afectará a contratos por un valor cercano a los 1.500 millones de euros anuales y no tiene carácter retroactivo, por lo que no puede aplicarse a los contratos de limpieza.

Sánchez Mato ha defendido este nuevo modelo de contratación en el que se introducen criterios sociales porque, a su juicio, en Madrid ha quedado demostrado que «lo barato sale caro» y que de poco vale tener un servicio barato a costa de «una precariedad descomunal en el empleo» o de estar mal prestado.

De hecho, a partir de ahora se adecuarán los costes salariales en las cláusulas para garantizar un número de trabajadores suficientes para prestar el servicio.

El concejal ha deseado que esta nueva herramienta favorezca la prestación de los servicios y, en referencia a las grandes empresas, ha dicho que no es un decreto «antinadie» sino que está en favor de la gente que recibe los servicios y que los presta. EFE