Mañueco lamenta que el Gobierno utilice a los inmigrantes y recuerda a la izquierda su «jarabe democrático»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusó hoy al Gobierno de “incompetencia”, “negligencia” y “deslealtad” en la crisis migratoria con el traslado de inmigrantes a Medina del Campo para “tapar las vergüenzas” de la amnistía y la condonación de la deuda a Cataluña, mientras que Luis Tudanca (PSOE) y Pablo Fernández (Unidas Podemos) insistieron en pedirle que “desautorice” las declaraciones “racistas y xenófobas” del vicepresidente, Juan García-Gallardo.

Fernández Mañueco respondió, en el pleno de las Cortes, a las preguntas de Luis Tudanca en relación a sí desautoriza las palabras del alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, y de su vicepresidente. Juan García Gallardo, sobre los inmigrantes y, en la misma línea, de Pablo Fernández sobre si ve “aceptables y propias” de la Junta de Castilla y León las recientes “declaraciones racistas” de García-Gallardo “criminalizando a los migrantes” a esa localidad.

Sin embargo, en el debate se coló “el ataque” a las sedes socialistas, como denunció Tudanca, que condenó el presidente de la Junta, y el acuerdo del PSOE con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, donde Fernández Mañueco replicó con “la aberración” de la amnistía y a los 15.000 millones de deuda que se va a condonar a Cataluña.

Tanto Tudanca como Pablo Fernández calificaron de “racistas y xenófobas” las manifestaciones de Juan García-Gallardo y pidieron su “desautorización” por el presidente, si bien Mañueco se centró en defender que Castilla y León es una tierra solidaria y en denunciar “la negligencia” del Gobierno porque no fueran informados de los inmigrantes que se iban a recibir, lo que atribuyó a que el Ejecutivo central estaba centrado en la negociación del pacto con los “separatistas”.

“Hoy tiene una oportunidad de estar con Castilla y León abierta y solidaria o preside un Gobierno racista”, enfatizó Tudanca, que recogió una declaraciones de la exvicepresidenta de la Junta Rosa Valdeón cuando relacionó la inmigración con poder ganar población y se preguntó “dónde queda ese Partido Popular”.

En su respuesta, Fernández Mañueco acusó al socialista de hacer un “panfleto” político y defendió que la dirección política del Ejecutivo de Castilla y León la lleva él como presidente, que es quien fija la posición oficial, mientras que señaló que la del PSOE la dirige alguien que “vive en Waterloo y se llama Puigdemont con acuerdos infames para atornillar a Sánchez”.

Tudanca acusó al presidente de ser “rehén de los fascistas” al no condenar las palabras de su vicepresidente, ni “los mensajes de odio” y Pablo Fernández extendió la calificación de “xenófobo y racista” a Fernández Mañueco por no haber desautorizado ni recriminado las manifestaciones de García-Gallardo.

Poco después, el presidente de la Junta respondió a Pablo Fernández que, ante su pregunta, “se demuestra la perfecta simbiosis con Tudanca y la respuesta es la misma», si bien le recordó «lo que era jarabe democrático” en referencia a las declaraciones en las que el ex dirigente de Podemos Pablo Iglesias justificaba las protestas frente a dirigentes políticos.

Fernández, que inició su turno con la condena a los ataques a las sedes socialistas, lo calificó de “racismo institucional y xenofobia institucional”, subrayó que Castilla y León es una tierra de acogida, pero lamentó que “se criminalice” a los inmigrantes mientras “se calla” ante los abusos a menores en el seno de la Iglesia o ante “el asesinato” de ‘gazatíes’.

“Está encantado de tener un tonto útil que le mantiene en la poltrona de su Gobierno, pero pasará como el presidente más mediocre y le mandarán al vertedero de la historia”, zanjó Fernández, a lo que el jefe del Ejecutivo le replicó acusándole de haber dado en las Cortes “una lección magistral de intolerancia y capacidad de insultar” e insistiendo en que tanto el socialista como el procurador de Podemos son “cómplices” de los acuerdos de Pedro Sánchez, para preguntar lo que se puede hacer en la Comunidad con los 15.000 millones que se van a perdonar a Cataluña.