El código ético de Podemos es para el PP, no para la formación populista

El código ético de Podemos es para el PP, no para la formación populista

20 junio, 2017
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Actualizado: 20 junio, 2017 20:15
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Los ediles del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer no dimitirán pese a estar investigados, tal y como recoge sus propio código ético, que parece más hecho para aplicarselo a los políticos de PP que a ellos mismos.

Estan impuitados por encargar dos informes externos pagados con dinero del Ayuntamiento de Madrid sobre el Open de Tenis, ya que entienden que su actuación no incumple el código ético de Ahora Madrid y tiene como fin denunciar la corrupción. Están siendo investigados por malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario.

El código ético de Ahora Madrid, plataforma con la que Manuela Carmena se presentó a las elecciones, es claro y rotundo. Al menos sobre el papel no deja dudas. Otra cosa es que sólo se lo apliquen a los políticos de otros partidos, especialmente a los del PP, y no a los suyos propios. Por menos, han pedido la dimisión, la reprobación o los han acusado de corrupción.

En ese código éitco  se establece el compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos «ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas».

Cifuentes se venga

Por eso Cristina Cifuentes, que recientemente tuvo que enfrentarse a una moción de censura proe star en una mesa de contratación en la que se adjudicó un contrato con ventala al Grupo Arturo, se lo ha recordado hoy. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho hoy que los concejales del Ayuntamiento Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer «ya están tardando» en dimitir, pues tienen una «ocasión excelente» para demostrar su compromiso «contra la corrupción y a favor de la regeneración democrática».

En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, Cifuentes se ha referido a la investigación judicial contra ambos concejales, por supuesta malversación de fondos, y ha expresado su deseo de que, en cumplimiento del código ético de Ahora Madrid, su dimisión «se produzca en las próximas horas».

El código ético de Ahora Madrid sobre el papel no deja dudas. Otra cosa es que sólo se lo apliquen a los políticos de otros partidos, especialmente a los del PP, y no a los suyos propios

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha dado cuenta de esta decisión en una comparecencia ante la prensa junto a los delegados Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, y otros seis ediles de Ahora Madrid que han arropado en el Palacio de Cibeles a sus compañeros, además de la alcaldesa en funciones, Marta Higueras.

«El código ético es exactamente lo contrario de lo que nos trae aquí», ha afirmado la portavoz del Gobierno municipal, que considera que si los dos ediles están en la situación actual es precisamente por «haber puesto en conocimiento de la Fiscalía indicios, detalles y fechas sobre el mal uso del dinero público».

Desde Montreal, la alcaldesa, Manuela Carmena, ha transmitido su apoyo a los dos concejales, que junto a la exdirectiva de Madrid Destino Ana Varela -también investigada- informaron de las presuntas irregularidades en el convenio del Open de Tenis suscrito por el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

Junto a la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, han sido citados a declarar como investigados en un juzgado de Madrid tras la querella presentada por el PP por malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario, por encargar dos informes externos ‘a dedo’ para denunciar el Open de Tenis.

La portavoz municipal ha dicho que el Gobierno de Manuela Carmena se enfrenta ahora a un proceso judicial por su compromiso contra la corrupción y ha reivindicado que el equipo de Gobierno está «unido».

«Si había alguna duda, espero que la fotografía lo deje claro», ha dicho en referencia a la presencia en la rueda de prensa de los ediles Jorge García Castaño, Guillermo Zapata, Pablo Soto, Javier Barbero y Nacho Murgui, además de Mayer, Sánchez Mato, Rita Maestre y la alcaldesa en funciones.

La portavoz ha defendido que la actuación de los concejales fue «perfectamente legal» y legítima.

«Cuando llegamos aquí sabíamos que nos íbamos a encontrar con una maquinaria que iba a utilizar jueces, medios de comunicación, con todo tipo de presiones para que no se hable de lo que ha sucedido en esta ciudad, que es que hay un partido que ha utilizado el dinero de todos para enriquecerse», ha añadido Rita Maestre en referencia a la querella del PP.

Preguntada por si se plantea dimitir, la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, ha considerado que en sus dos años de Gobierno el equipo de Manuela Carmena ha recibido diez denuncias que en la mayoría de los casos se han archivado o de las que los ediles han resultado absueltos. «No nos lo vamos a plantear de momento», ha añadido.

Imputados, pero arietes contra la corrupción

«Somos ariete contra la corrupción, por eso no solo no vamos a dimitir sino que además perseveraremos en nuestros esfuerzos para que haya transparencia», ha dicho al respecto Carlos Sánchez Mato, delegado de Economía y Hacienda, que ha añadido que su situación no tiene nada que ver con la de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, cuya dimisión ha vuelto a pedir hoy.

Preguntado por si en caso de poder volver atrás encargaría de nuevo esos informes, el edil ha dicho que actuó siempre en «el marco administrativo y legal pertinente» y ha advertido: «Mal que le pese al PP, lo seguiremos haciendo».

Al inicio de su intervención, Rita Maestre ha remarcado que el Open de Tenis es «considerado positivo por todo el equipo de Gobierno de la ciudad de Madrid» aunque la fórmula contractual es lesiva para los intereses del Ayuntamiento.

La denuncia ante la Fiscalía se presentó sin conocimiento de la alcaldesa con base en dos informes privados por los que Madrid Destino pagó 100.000 euros en total, después de que tres estudios municipales descartasen irregularidades en esos contratos.

 

 

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