El fondo soberano noruego excluye por riesgo de violación de derechos a Prosegur, que niega ‘categóricamente’ las acusaciones

El Fondo de Pensiones Global del Estado noruego ha excluido de su cartera de inversiones a la empresa española de seguridad Prosegur, con presencia en Latinoamérica, «por el riesgo inaceptable a que contribuya a abusos graves de los derechos humanos». Prosegur rechaza estas acusaciones «de manera categórica» .

La junta ejecutiva del considerado mayor fondo soberano del mundo, que invierte los ingresos del gas y del petróleo noruegos en el extranjero, señaló hoy que la filial de Prosegur en Brasil ha estado involucrada «en actos severos de violencia y abuso de los derechos de los indígenas mientras proporcionaba servicios de seguridad para dos clientes».

El informe del fondo resalta que un empleado de Segurpro mató de un disparo a un hombre sospechoso de robar a la compañía brasileña Vale en 2022 y que, dos años antes, guardias de seguridad enmascarados atacaron a 150 personas, que residían de forma ilegal en una propiedad de esa firma, causando una veintena de heridos.

Empleados de Segurpro que trabajaban para Agropalma impidieron en el período 2021-2023 a indígenas visitar las tumbas de sus antepasados, pescar en el río Acará y desplazarse para comprar suministros y recibir atención médica.

Prosegur y sus problemas en Brasil

En ambos casos la Fiscalía brasileña reconoció violaciones de los derechos humanos y recomendó a las compañías prescindir de los servicios de Segurpro, consta en un comunicado, en el que el fondo sigue una recomendación del denominado Consejo Ético de abril pasado.

«Dado que la compañía sigue cumpliendo sus tareas donde se cometieron los abusos y también opera en numerosos países en los que hay disputas de tierras y graves antagonismos entre firmas comerciales y poblaciones locales, el Consejo presume que podrían surgir nuevas situaciones que supongan un riesgo considerable de violaciones de los derechos humanos», apunta el escrito.

El Consejo Ético señala que Prosegur «no ha justificado que sus sistemas para identificar y gestionar tales riesgos son adecuados» y considera inaceptables el riesgo de que la firma contribuya a «abusos graves de derechos humanos en el futuro».

Venta de acciones

El fondo petrolero poseía a finales de 2023 el 0,67 % de las acciones de Prosegur, valorado en 72.000 millones de coronas (6,102 millones de euros), que ya ha vendido.

Aparte de la empresa española, el fondo ha excluido en esta ocasión a otras cinco compañías más por motivos éticos: China State Construction Engineering (corrupción), la también china Tianjin Pharmaceuticals Da Re Tang Group (daño medioambiental), la india Larsen & Toubro y la estadounidense General Dynamics (producción de componentes para armas nucleares) y la canadiense Turning Point Brands (tabaco).

El fondo petrolero, gestionado por el banco público Norges Bank Investment Management (NBIM), dependiente del ministerio de Finanzas, sigue las recomendaciones anuales del denominado Consejo Ético, que busca que las inversiones se ajusten a los criterios fijados desde 2004 y actualizados en varias ocasiones desde entonces.

De este modo, decenas de compañías permanecen en la actualidad bajo observación o exclusión temporal de la cartera del fondo, que invierte en cerca de 9.000 empresas y tiene un valor aproximado de 18,3 billones de coronas noruegas (1,6 billones de euros). 

Prosegur detalla y documenta los incidentes 2020-22

Prosegur ha reiterado a EFE su «firme compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos», y ha recordado que ya ofreció en su día «detalles concretos y documentados al respecto en relación con el incidente en cuestión, demostrando fehacientemente que, en todo momento, se actuó dentro de los límites legales y el respecto a los derechos humanos».

Según ha relatado a EFE la empresa de seguridad en relación con los hechos de los que se le acusa, en 2020 en Parapuebas (Brasil) se produjo una ocupación ilegal de una propiedad de una empresa cliente. El personal de Segurpro, «en cumplimiento de su deber de proteger la propiedad, fue atacado con armas de fuego por los ocupantes», asegura.

En la respuesta de los guardias, prosigue, se usó «armamento no letal autorizado por la Policía Federal y en defensa propia». En relación con estos hechos, «actualmente no existe proceso alguno legal activo contra Segurpro o Prosegur», añade.

Incidente aislado

Prosegur alega al respecto que en 2022, en el pueblo de Pará y en el contexto de una disputa entre la comunidad quilombola y la empresa cliente (sobre el acceso a un cementerio en territorio privado), quedo resuelto mediante un acuerdo judicial ratificado el 17 de febrero de 2022.

El 9 de diciembre de 2022, relata, la comunidad «incumplió el acuerdo invadiendo el territorio, resultando en agresiones físicas y robo de armas al personal de seguridad».

Prosegur y el cliente presentaron una denuncia penal, ha confirmado la empresa. Tras la revisión de las actuaciones el comisionado concluyó, confirma la compañía, que el personal de seguridad «actuó dentro de los límites legales».

La empresa admite un incidente aislado en 2022, cuando un guardia de seguridad de Segurpro en Parauapebas disparó y «lamentablemente hirió» a un hombre, el cual falleció. Este acto, reitera, «violó los protocolos internos de la empresa, por lo cual procedió inmediatamente al despidos del guardia  por justa causa».