El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés) ha advertido a los ministros de Finanzas y bancos centrales de los países del G20 de que se puede producir un ajuste de precios desordenado en los mercados
En una carta publicada este lunes, el presidente del FSB, el británico Andrew Bailey, dice al G20 que «los riesgos y la incertidumbre siguen siendo elevados, impulsados por las tensiones geopolíticas persistentes y la fragmentación en el comercio y los mercados financieros».
Bailey recuerda que los mercados financieros han repuntado los últimos meses en la mayoría de las jurisdicciones.
Por ello, las valoraciones de los activos podrían no reflejar las inciertas perspectivas económicas y geopolíticas, «dejando a los mercados susceptibles a un ajuste desordenado», según Bailey, que es gobernador del Banco de Inglaterra.
Generalmente un ajuste desordenado se manifiesta en caídas drásticas de precios, pánico y volatilidad, por ejemplo.
Los altos niveles de deuda soberana es una de las amenazas a las que se enfrentan los mercados financieros, según el FSB
Bailey también recuerda que los niveles de deuda soberana han subido y prevé que van a aumentar más, por ello «las vulnerabilidades en el sistema financiero continúan elevadas».
Los ministros de Finanzas y los gobernadores de bancos centrales de los países del G20 se reúnen el 15 y el 16 de octubre en Washington.
El Consejo de Estabilidad Financiera, cuya sede está en la ciudad suiza de Basilea, se creó tras la cumbre de los países del G20 en Londres en abril de 2009 para vigilar la estabilidad financiera mundial tras la crisis financiera global.
Para Bailey «la necesidad de estándares y cooperación globales sigue siendo muy clara» para evitar crisis e impulsar el crecimiento.
Destaca que el Consejo de Estabilidad Financiera se creó para actuar como órgano de coordinación global para desarrollar políticas que impulsen la estabilidad y resistencia del sistema financiero global.
Por ello una parte fundamental de su mandato es promover la implementación a tiempo y consistente de esas políticas.
Bailey también alerta al G20 de la falta de avances en los pagos transfronterizos cinco años después de que se iniciara la hoja de ruta para afrontar los problemas de estos pagos, que tienen costes elevados, son lentos, no son suficientemente transparentes y tampoco tienen un acceso suficiente.
Durante estos cinco años se ha completado la mayor parte del trabajo que estableció la hoja de ruta, pero Bailey observa que no se lograrán mejoras satisfactorias a nivel mundial según la agenda que establece la hoja de ruta en 2027.
Bailey defiende que algunas jurisdicciones deben «redoblar sus esfuerzos para implementar medidas que permitan servicios de pagos transfronterizos mejores para los ciudadanos y las empresas en todo el mundo».