El juzgado de instrucción nº 41 de Madrid ha archivado la querella de Urbas contra el fondo de inversión británico Roundshield y sociedades anejas, a los que la empresa española acusaba de estafa procesal tras haber valorado en cero euros unos activos que sirvieron previamente como garantía de un préstamo.
En un auto fechado el pasado 12 de noviembre al que ha tenido acceso EFE, el juzgado acuerda el sobreseimiento parcial y archivo de las actuaciones, decisión que Urbas recurrirá en reforma y, llegado el caso, ante la Audiencia Provincial de Madrid.
La querella se admitió a trámite en diciembre de 2025, y en ella Urbas acusaba a Roundshield de estafa procesal tras haber valorado en cero euros unos activos que sirvieron previamente como garantía de un préstamo.
En la querella, Urbas explicaba que al otorgarle este valor, los querellados podían seguir simulando la vigencia del crédito, que debía haber quedado extinguido por la ejecución de la prenda, y cuyos activos, de no haber sido valorados a precio cero euros, habrían servido, al aplicarse al pago, para extinguirlo.
En septiembre de 2025 la empresa de infraestructuras, promoción inmobiliaria, renovables y servicios se declaró en concurso de acreedores, del que se comprometió a desistir si podía ejecutar un plan de reestructuración.
El concurso recayó en el juzgado mercantil nº 2 de Madrid, ante el que se personó RS Lender alegando la existencia del crédito, con lo que logró nombrar un experto reestructurador.
El juzgado señala que las propias cifras de pasivo aportadas por Urbas superaban el 50 % del total del pasivo
Pese a haber ejecutado las garantías, RSLender mantuvo que seguía existiendo una deuda pendiente y elevó el importe de su crédito hasta 189,15 millones de euros, frente a los 145,17 millones que venía reclamando.
Con ello habría conseguido que se le reconociera un crédito superior al 50 % del pasivo de Urbas y, por tanto, el derecho a nombrar al administrador concursal de Urbas.
Ahora, el juzgado nº 41 rechaza que hubiera engaño, y señala que las propias cifras de pasivo aportadas por Urbas superaban el 50 % del total del pasivo, según la documentación examinada por el juez del concurso.
Por ello, considera que no puede afirmarse que el reconocimiento del derecho de RS Lender a nombrar al experto reestructurador fuera consecuencia de un engaño.
Además, considera que la valoración a cero euros basada en el informe de PwC correspondía al ámbito de la jurisdicción inglesa, porque las partes habían pactado ese fuero, y entiende que esa valoración no tuvo incidencia en la decisión adoptada por el juzgado mercantil de Madrid.
Por todo ello, no aprecia un perjuicio diferencial derivado de la solución concursal, en línea con el argumento de la Fiscalía de que tanto el concurso de acreedores como el plan de reestructuración tienen como finalidad ofrecer una solución a la insolvencia.
El ministerio público ya había solicitado el archivo, al considerar que los hechos denunciados no constituían estafa procesal, conforme al artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recuerda el auto.


