El Tribunal Supremo del Reino Unido confirmó este miércoles que pueden ejecutarse en el país los laudos de arbitraje internacional que obligan a España a indemnizar a Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar con 120 millones de euros por el recorte retroactivo en 2013 de las primas a energías renovables, que otorgó Zapatero en 2007 con una generosa prima que puso contra las cuerdas al sistema eléctrico español. Se trato del Real Decreto 661/2007 de 25 de mayo.
A finales de 2025, España acumulaba 28 condenas firmes derivadas de arbitrajes similares por un total de unos 1.750 millones de euros, más cerca de 300 millones en intereses de demora, según fuentes de las empresas afectadas. Es decir, más de 2.000 millones de euros.
Ante la negativa del Estado a pagar, los acreedores han impulsado la ejecución de los laudos en jurisdicciones como Estados Unidos, Australia, el Reino Unido o Bélgica, con algunas resoluciones favorables e incluso medidas de embargo.
En esta última reclamación, los jueces del Supremo británico desestimaron el recurso presentado por el Estado español y ratificaron la decisión emitida en 2024 por el Tribunal de Apelación, que dio la razón a las empresas al considerar que la adhesión de España al Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, constituye «una aceptación de la jurisdicción británica» para la ejecución de los laudos.
La corte también rechazó el argumento del Gobierno de España de que estaba amparado por la inmunidad soberana.
Los inversores, que acudieron en masa ante la generosidad de las primas a las renovables, han presentado numerosas reclamaciones
Las compañías inversoras indicaron por su parte que cuentan con una orden judicial provisional que, de ser confirmada por los tribunales, podría permitirles tomar medidas sobre activos propiedad del Estado español en el Reino Unido para garantizar el pago de las indemnizaciones debidas.
Infrastructure Services Luxembourg, domiciliada en Luxemburgo, y Energia Termosolar B.V., de Países Bajos, acudieron al CIADI para reclamar compensación por los cambios que España introdujo en su régimen regulatorio del sector energético.
El tribunal arbitral emitió los laudos condenatorios, que reconocieron que estas modificaciones violaron el Tratado de la Carta de la Energía de 1994 y fijaron pagos de 62 millones de euros y 58 millones de euros, respectivamente, según el dictamen.
España notificó en 2024 su retirada del Tratado de la Carta de la Energía, aunque la cláusula de supervivencia mantiene la protección de inversiones previas y no afecta a los laudos ya dictados.