Alerta por la deuda: China registra el primer impago

En China se ha registrado el primer impago de un Gobierno local, según ha alertado S&P. Las empresas dedicadas a los préstamos y no vinculadas a los bancos tienen una cuota de entre el 60% y el 70%.
China podría experimentar en 2018 un aumento de los niveles de impago de su deuda, registrando el primer «default» en un bono emitido por un gobierno local, según ha alertado la agencia de calificación.
En un informe y posteriormente en una conferencia a través de internet, la agencia explicó que China está endureciendo su política monetaria e incrementando los costes de refinanciación, lo que podría poner en dificultades a «los prestatarios más débiles o altamente endeudados», apuntó Christopher Lee, analista de deuda.
Sin embargo, aunque las medidas del Gobierno podrían provocar el impago de algunos instrumentos de deuda emitidos por instituciones locales, servirán para reducir los niveles de apalancamiento del sistema financiero, que en 2015 alcanzaron su máximo.
«Esperamos una mejora moderada en los niveles de deuda para las compañías chinas entre 2018 y 2019, impulsada principalmente por una recuperación continua de la rentabilidad y una mayor disciplina en el gasto«, afirmó Lee.
El experto ha considerado que tanto las compañías de propiedad estatal (SOE, por las siglas en inglés) como las del sector privado están bajo presión para controlar sus niveles de deuda y reducir su apalancamiento y, gracias al aumento previsto de sus beneficios en 2018, continuarán avanzando en este sentido.
Por sectores, la agencia estadounidense considera que el apalancamiento se reducirá en las empresas de materiales, minas y metales, mientras que seguirá siendo elevado en el sector inmobiliario.

Los préstamos de entidades fuera de la regulación bancaria representan entre el 60% y 70% del crédito del país

En este último, S&P espera que los promotores diversifiquen sus fuentes de financiación en 2018 para reducir su riesgo, ya que en la actualidad obtienen entre un 30 y 40 % de su financiación de la llamada «banca en la sombra» (shadow banking, en inglés), contra la que está legislando el Gobierno.
En los casos más extremos, los préstamos procedentes de estas entidades no financieras, casi siempre online, y que no se rigen por la normativa bancaria pueden representar hasta el 60% 70% de su financiación.
Ante la lucha del Gobierno contra estos sistemas, S&P pronostica que en 2018 las compañías seguirán financiándose en los mercados de deuda, sobre todo en el extranjero (offshore), y recurriendo a los grandes bancos del país. Además vaticinan un aumento del número de emisores de deuda.