Golpe a la información privilegiada en los mercados

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ostentará más poder a partir de enero. El regulador de la Bolsa española tendrá, con mandato judicial, acceso a los registros telefónicos y datos facilitados por Telefónica, Vodafone, Orange y cualquier otra operadora en España.

De esta forma, se pone una nueva barrera al uso de información privilegiada o la manipulación de precios en el mercado. Hasta ahora, se han saldado con 76 investigaciones desde 2007.

Economía incluirá una modificación en la directiva Mifid 2, una normativa de obligado cumplimiento para todas las compañías cotizadas y por la que se supone una mejor eficiencia y transparencia en el mercado. Hasta ahora, las operadoras de telefonía guardaban los registros de llamadas y los datos de comunicaciones electrónicas al menos durante un año. No obstante, este plazo se puede alargar a un máximo de dos.

El Gobierno del PSOE eliminó este poder a la CNMV en 2007 y ahora, diez años después, se vuelve a obtener, aunque para ello necesita siempre una autorización judicial. En los últimos diez años, solo se han registrado 11 casos a la Fiscalía, y obteniendo una condena en seis de ellos. Las penas de cárcel, según el delito, apenas conllevan prisión, entre seis meses y dos años para la manipulación de precios, y entre cuatro y seis años en el uso de información privilegiada. Asimismo, cabe recordar que hay numerosos casos que han prescrito, debido a la demora de las investigaciones y actuaciones por parte de supervisores.

Con esta información se podrá «detener, investigar y enjuiciar delitos graves contemplados en el Código Penal», según informa Cinco Días. La nueva modificación de la normativa allana el camino a la “investigación y persecución del abuso de mercado en el ámbito del mercado de valores cuando haya sospecha razonable de que se ha cometido una infracción y dichos registros puedan ser relevantes para la investigación».

En 2014, por ejemplo, la Audiencia Nacional dictó su primera sentencia en relación al uso de información privilegiada. Fue en el caso Parquesol, que se cerró con un ex directivo del banco alemán Eurohypo en prisión, quien aprovechó datos de la OPA de San José para obtener de forma fraudulenta 2,2 millones. Este ex alto cargo fue sentenciado a dos años de cárcel, pese a que se pidieron hasta seis años. El tribunal le impuso dos años por el uso de información privilegiada y otros dos por un delito de blanqueo de capitales, además de una multa total de 2,24 millones de euros por los dos delitos.