El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la transposición de la directiva conocida como DAC8, que supondrá un refuerzo en la vigilancia de las criptomonedas con nuevas obligaciones de información, al tiempo que incluirá estos activos entre los que pueden embargarse.
Según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado, el Consejo ha aprobado el anteproyecto de ley de transposición de la directiva 2011/16/UE sobre cooperación administrativa en el ámbito fiscal (conocida como DAC8), que ahora pasará a información pública, y que implicará la modificación de la Ley General Tributaria.
Como ha dado a conocer Hacienda a través de un comunicado publicado este martes, el objetivo de esta norma es «reconocer de manera expresa a las criptomonedas entre los bienes susceptibles de sufrir embargos, así como a los bienes y derechos situados en entidades de pago y de dinero electrónico».
Hacienda busca ofrecer una medida a la rápida evolución de los servicios de pago y criptomonedas
La normativa prevé que las obligaciones de diligencia debida e información sobre criptomonedas a las que están sometidos los proveedores de servicios afecten tanto a usuarios residentes como no residentes, un paso previo a la asistencia mutua con el resto de países de la Unión Europea.
Este refuerzo de los mecanismos de intercambio de información y la ampliación de la información disponible permitirá avanzar en la transparencia fiscal y la lucha contra el fraude, al tiempo que ayudará a facilitar la asistencia al contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones.
«Una medida que es una respuesta a la rápida evolución de los servicios bancarios y de pago y de los medios de pago, entre las que están las tecnologías de registro de criptoactivos«, ha asegurado el Ministerio.
Otro de los cambios en la Ley General Tributaria implicará incluir las criptomonedas como bienes susceptibles de sufrir embargos y como bienes y derechos situados en entidades de pago.
