La Fiscalía Anticorrupción ha defendido en el juicio contra Duro Felguera y una decena de personas, entre ellas los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado con Hugo Chávez de presidente, que estos eran funcionarios públicos y que corromperles fue precisamente la intención de la empresa española.
Durante la sesión de este miércoles, el representante del ministerio público ha explicado que Duro Felguera era consciente de que estaba corrompiendo a altos funcionarios del Estado venezolano, ya que para conseguir sus fines -la concesión de un contrato valorado en 1.500 millones de dólares- «no se paga a cualquiera».
La Fiscalía responde así a los argumentos de varias defensas, que rechazan que Villalobos y Alvarado fueran funcionarios.
Para el fiscal, los acusados niegan sin fundamento dicha condición, que se contradice con la legislación laboral venezolana, tal y como constata el equivalente del Boletín Oficial del Estado de ese país.
La fiscalía defiende el ‘caracter’ de funcionarios de los altos cargos políticos en Venezuela y por ello mantiene la acusación de corrupción a Duro Felguera
A los efectos de la ley, serán considerados empleados públicos los que desempeñen funciones de forma permanente, cualquiera que ocupe cargos administrativos públicos, independientemente de su antigüedad, todo lo cual se cumple en el caso de los acusados de Venezuela.
El fiscal ha rechazado también la prescripción de los delitos o que se haya aplicado de forma retroactiva la responsabilidad penal a Duro Felguera como persona jurídica.
La acusación contra la empresa «DF no se centra en esto, sino en un plan corruptor, mediante conductas típicas conectadas entre sí y algunas de las cuales las ejecuta cuando ya es penalmente responsable», en 2011.
En un primer momento, Duro Felguera ejecutó esta política de corrupción de altos funcionarios a través de la empresa Terco, de Luis Barios, que ha reconocido los hechos; tras haberse autoimpuesto no contratar con funcionarios públicos hasta pasados cinco años de su vinculación con el Estado, procedió a mantener el sistema con Nervis Villalobos, pero la operativa se mantuvo idéntica.
La gestión de los sobornos se hace a través de la empresa Ingespre -vinculada a Villalobos- «por una cuestión práctica», ya que como medida de responsabilidad, Duro Felguera se impone poder tratar con funcionarios que lleven menos de 5 años sin relación con el Estado.
En 2008 Villalobos no lo puede asumir «porque fue viceministro hasta 2006», y por eso primero se contrata a Terca, sociedad vinculada a Barrios; transcurrido el plazo, «se sustituye a Terca y Barrios por Villalobos e Ingespre», ha explicado el fiscal.
