El Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia, conformado por Esquerra Republicana y Bildu, ha registrado en el Congreso y el Senado una proposición de ley para reconocer la titularidad pública de las redes de distribución eléctrica, ahora en manos de la empresa Red Eléctrica, de Redeia, donde el Gobierno hace y desahace con un 20% del capital de la Sepi, y facilitar su gestión directa o mediante concesión por parte de los municipios.
El problema no está en que dos partidos minoritarios en el conjunto de España, como la independentista ERC -7 diputados de 350- o la proetarra Bildu -6 diputados de 350- haga esta propuesta que no tendrá ningún recorrido ni consideración a no ser porque esos 13 diputados suman para que Sánchez pueda seguir en la Moncloa, y con ese objetivo el líder socialista, como ha demostrado hasta la fecha, es capaz de todo.
La iniciativa, según ha destacado el grupo este viernes en un comunicado, busca avanzar hacia un modelo energético «más justo, democrático y sostenible».
La proposición contempla entre las principales medidas la modificación de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para establecer que las redes de transporte y distribución sean de titularidad pública y una nueva regulación del autoconsumo colectivo, que amplía las distancias permitidas entre generación y consumo, especialmente en zonas rurales.
Los municipios, gestores de Red Eléctrica
También se pide la modificación de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, para incluir entre las competencias propias de los municipios la gestión de la red de distribución de energía eléctrica.
La portavoz adjunta de Esquerra en el Congreso, Teresa Jordà, ha afirmado que esta propuesta es un paso necesario para que el acceso a la energía se considere un derecho básico y no una fuente de lucro para las grandes empresas energéticas.
Jordà ha subrayado que «el actual modelo de gestión no garantiza el control público necesario sobre estas infraestructuras, ni facilita la intervención de los poderes locales o de la ciudadanía organizada».
Asimismo, prohíbe que una misma empresa controle de manera simultánea generación, distribución y comercialización, salvo en casos de operadores locales de pequeña escala.
La toma en consideración de la proposición de ley está prevista para el pleno del Senado del próximo 11 de junio.
