El consejo del gestor estatal de infraestructura Redeia, una empresa cotizada aunque de carácter público al controla el Gobierno de Sánchez todos sus movimientos con el 20% de la Sepi, desde el nombramiento de la presidenta, Beatriz Corredor (más de 500.000 euros al año) o consejeras como la exministra González Laya (cera de 200.000 euros al año), ha aprobado un programa temporal de recompra de acciones propias que tiene, por objeto exclusivo, la entrega de títulos a sus consejeros ejecutivos, directivos y empleados derivados de los generosos sistemas de retribución vigentes.
En virtud de esta, la sociedad podrá adquirir hasta un máximo de 1.400.000 acciones propias, representativas del 0,26 % del capital social actual de Redeia, siendo el importe monetario máximo asignado al programa de 20 millones de euros, según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De acuerdo con la comunicación remitida al mercado, este programa permanecerá vigente desde el lunes 1 de junio hasta el miércoles 30 de septiembre.
No obstante, Redeia se reserva el derecho a darlo por finalizado si, antes de su fecha límite de vigencia, se hubiera alcanzado el importe de inversión máximo o el número máximo de acciones autorizado, o si se diera otra circunstancia que así lo aconsejara.
Redeia, pese al expediente ‘muy grave’ de la CNMC, sigue sin provisionar nada por el 28-A
Redeia, la matriz de Red Eléctrica, registró un beneficio neto de 140,3 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 1,8 % más que en el mismo periodo del año anterior. Pese a ese beneficio, y pese al expediente por «infracción muy grave» de la CNMV por la responsabilidad de su filial Red Eléctrica en el gran apagón del 28 de abril de 2025 que sumió a España en un «cero energético», sigue sin provisionar nada en sus cuentas.
La multa de la CNMC a Red Eléctrica puede ascender a 60 millones de euros, al margen de la exigencia de otras responsabilidades e indemnizaciones por los grandes afectados por el apagón. Sin embargo, Redeia, presidida por la exministra socialista de Zapatero Beatriz Corredor, no asume responsabilidad alguna y señala a la CNMV respecto al ‘cero eléctrico’ ocurrido hace un año, que a cierre del primer trimestre de 2026, «no se han atribuido ni reconocido formalmente responsabilidades legales», aunque el proceso de designación de responsabilidades no ha concluido.
