TAP, que interesa a Iberia, despide a su cúpula directiva en pleno proceso de privatización

El primer ministro de Portugal, António Costa, defendió hoy que el cese de los dos máximos responsables de TAP tras detectar irregularidades en una indemnización pagada a una exadministradora no afecta a la privatización de la aerolínea. Son varias aerolíneas las que estudian participar en ese proceso de privatización de TAP, especialmente por su dominio de las rutas a Brasil, entre ellas Iberia.

«Las condiciones para la privatización no se ponen en entredicho. Felizmente, hay varias empresas que han manifestado ya un interés en participar en este proceso», dijo en declaraciones a periodistas en Seixal, a unos 20 kilómetros de Lisboa.

Costa subrayó que el proceso de privatización «se asienta sobre todo en la calidad de TAP, en su potencial y la forma como se ha seguido el plan de reestructuración», por lo que seguirá adelante pese a los cambios en la administración.

TAP es propiedad del Estado portugués, que tiene actualmente en sus manos el 100 % del capital tras aumentar su posición para salvarla tras los daños sufridos por la pandemia, y la aerolínea está bajo un plan de reestructuración.

El Gobierno portugués tiene previsto lanzar en breve el proceso de reprivatización de la compañía, por la que ya han manifestado interés el grupo hispano-británico IAG -matriz de Iberia, British Airways y Vueling-, Air France y Lufthansa.

CESE DE LOS LÍDERES DE TAP

El Gobierno socialista luso anunció el lunes el cese de la consejera delegada de TAP, Christine Ourmière-Widener, y del presidente del consejo de administración, Manuel Beja, tras conocerse el informe de la Inspección General de Finanzas (IGF) sobre la salida de la empresa de una exadministradora.

TAP pagó una indemnización de medio millón de euros a Alexandra Reis por su salida de la aerolínea en febrero de 2022, pero la IGF declaró nulo el proceso y concluyó que la mayor parte del pago, unos 450.000 euros, deben ser devueltos.

La polémica por este acuerdo de salida saltó a finales de 2022, cuando Reis había sido nombrada secretaria de Estado del Tesoro.

El caso llevó a la dimisión del entonces ministro de Infraestructuras, Pedro Nuno Santos, y dejó cuestionado al titular de Finanzas, Fernando Medina.

Costa defendió este martes a Medina e insistió en que el informe de la IGF «explica que no tuvo ninguna intervención ni conocimiento en el proceso».

Además, consideró que las «consecuencias políticas» del caso ya se retiraron «hace varias semanas», cuando el titular de Infraestructuras presentó su dimisión.

Tras el cese anunciado el lunes, el hasta ahora presidente del grupo SATA- aerolíneas del archipiélago de Azores-, Luís Rodrigues, asumirá las funciones de consejero delegado y presidente del consejo de administración.