Montero afirma que no es enchufismo colocar a un filósofo al frente de la Empresa Nacional del Uranio

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la prerrogativa del Gobierno para nombrar a los gestores de empresas públicas y ha asegurado que en los nombramientos realizados no ha habido casos de «enchufes» de familiares o corrupción ni irregularidades de ningún tipo. No parece por los agraciados con sueldos de casta por el dedo de Pedro Sánchez que así haya sido.

Montero ha comparecido hoy en la Comisión de Hacienda del Congreso a petición de Ciudadanos y del PP para explicar los nombramientos del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, así como de los responsables de empresas públicas que dependen de la SEPI o de algún ministerio, como son Correos, Enusa, Cetarsa, Saeca, Paradores Nacionales y Seacsa.

«El Gobierno ha hecho uso de su prerrogativa constitucional para conformar los equipos que considera más convenientes para dirigir la acción de la Administración», ha afirmado la ministra, que ha asegurado que no entiende el motivo de su comparecencia ni su urgencia.

Según ha explicado, el Ejecutivo ha buscado a las personas que ha considerado que mejor pueden contribuir a los cambios que derivan de su acción de Gobierno, a las que ha mantenido las condiciones contractuales de sus predecesores en el cargo y para cuya designación ha tenido en cuenta criterios objetivos.

Para Montero, la sustitución de altos cargos al frente del sector público empresarial es «un hecho común» que viene ocurriendo con cada cambio de Gobierno en España e incluso a lo largo de un mismo mandato, como ocurrió en 2016.

«Hay que verlo en la más absoluta normalidad de lo que implica la gestión de los equipos», ha insistido al tiempo que ha negado que hubiera cualquier tipo de ilegalidad.

La ministra ha repasado uno a uno los nombramientos específicos por los que se ha reclamado su comparecencia, resaltando la idoneidad para cada puesto de las personas designadas.

Especial referencia ha hecho al presidente de la SEPI, Vicente Fernández, de quien ha destacado que es un funcionario de carrera con una experiencia de servicio público cercana a los veinte años, que ha desempeñado responsabilidades de Gobierno en la Junta de Andalucía en diferentes ámbitos de gestión y control de fondos públicos.

«Suma competencias que permiten afirmar por mi parte que es la persona adecuada para dirigir la SEPI en un momento en el que tenemos que dar respuesta a los cambios en el modelo productivo», ha explicado.

El Gobierno cambia a un ingeniero experto en el sector del uranio por un filósofo en la presidencia de Enusa. Sus méritos, ser socialista, con eso vale

Montero ha lamentado las críticas procedentes de los diputados del PP, Jaime de Olano y de Ciudadanos, Francisco de la Torre, que han reprochado al Gobierno la «politización» de las empresas públicas y mientras el diputado popular ha acusado a Sánchez de nepotismo el de Ciudadanos ha afirmado que el Gobierno no ha tenido en cuenta la «meritocracia» ni la capacidad técnica de los nuevos responsables.

Olano ha criticado duramente que el nuevo presidente de Enusa, José Vicente Berlanga, sea «filósofo de formación» y no tenga conocimiento en la materia que le atañe ahora que es el uranio.

Ha ironizado al señalar que si el lema de que «en la vida hace falta más filosofía y menos Prozac» también se extiende «al mundo del uranio».

Por su parte, De la Torre (Cs) ha criticado que en Enusa se cambie a un ingeniero por un licenciado en Filosofía, al tiempo que se ha referido al nuevo presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, cuyo «mérito fundamental» -ha dicho- fue ser jefe de gabinete de Sánchez «sin experiencia de gestión empresarial».

Los portavoces de Unidos Podemos, el PNV y el PDeCAT han apoyado los nombramientos realizados por el Ejecutivo porque se enmarcan dentro de la legalidad.

Tanto la ministra como la diputada del PSOE Patricia Blanquer han pedido al diputado popular que se retractara de la acusación de nepotismo y Montero le ha instado a que denuncie «con valentía» cualquier caso de irregularidad en estos nombramientos.

«Cualquier ciudadano de este país, desde el más humilde al más poderoso puede ser elegible para desarrollar una actividad política. Esto es fundamental en los principios democráticos de un pueblo», ha puntualizado la ministra, que ha lamentado que el PP quiera sembrar dudas y «emborronar la vida pública y la política» algo que «no ayuda a dar prestigio a las instituciones».