Irene Montero defiende a Sánchez Mato y a Mayer

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha defendido a Sánchez Mato y a Celia Mayer, imputados tras la querella presentada por el PP por su supuesta malversación de fondos, al encargar dos informes externos para denunciar el Open de Tenis.

Irene Montero ha dicho que «defendemos a todas aquellas personas que están luchando y combatiendo la corrupción de Partido Popular«. La número dos de Podemos justifica de esta manera las irregularidades de los dos ediles de Ahora Madrid.

«Han sido denunciados por el Partido Popular por investigar su corrupción», reprocha Montero.

Según consta en el escrito del juzgado de instrucción número 21 de Madrid, ambos ediles tendrán que declarar como «querellados», es decir, investigados, el próximo 18 de septiembre, al igual que la ex consejera delegada de Madrid Destino Ana Varela.

Junto con la citación, el juzgado admite a trámite la querella presentada por el PP contra los tres cargos del gobierno municipal de Manuela Carmena por malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario.

Según la querella del PP, los tres responsables municipales encargaron «a dedo» dos informes externos de 50.000 euros para denunciar el convenio de gestión del torneo de tenis sin el conocimiento de la alcaldesa Carmena, que posteriormente los destituyó del consejo de administración de la empresa pública.

Los tres investigados pusieron en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción que podría haber malversación en los contratos suscritos por el equipo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón y los organizadores del Open de Tenis, una denuncia que la alcaldesa de Madrid calificó como un «error».

La denuncia se presentó en base a dos informes privados por los que Madrid Destino pagó 100.000 euros en total, después de que tres estudios municipales descartasen irregularidades en esos contratos.

Contra la resolución judicial conocida hoy, fechada en el 19 de junio, cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación, o recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes a la última notificación.