Montoro controla desde este lunes la caja de la Generalitat

El Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, se responsabiliza de las finanzas catalanas a partir de este lunes. De esta forma, los funcionarios cobrarán directamente del Gobierno de España, y no del autonómico, tras el órdago separatista de cara al referéndum ilegal del 1-O.

La Generalitat tiene que hacer frente a gastos corrientes por valor de 5.000 millones de euros hasta final de año, incluyendo las nóminas de los funcionarios. Para evitar errores, el Departamento de Montoro está recogiendo los datos de los 200.000 funcionarios catalanes.

La intervención estará en vigor «hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general«, según aseguró el Ministerio. La medida se debe al rechazo de la Generalitat de entregar los datos de gastos semanales a Montoro, pese a ser obligatorio ya que se intenta cortar toda partida destinada a la consulta ilegal. Montoro pagará también facturas, pero no todas y entregará el dinero una vez comprobada la finalidad de la misma. El Gobierno dio 48 horas a la Generalitat para facilitar los gastos semanales, pero se ha negado a hacerlo. La intervención de Hacienda no afectará así a los funcionarios.

El Ejecutivo autonómico de Carles Puigdemont tiene prohibido realizar gastos que no estén comprometidos y solo Hacienda podrá autorizar los pagos si se presenta la factura, que una vez comprobada se realizará el pago. El consejero de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras, percibe del Estado 1.400 millones mensuales a cargo de la financiación autonómica, un dinero que transfiere Hacienda y que ahora ha cortado debido al órdago separatista.

Así, los funcionarios de Educación, Sanidad, Seguridad y Servicios sociales correrán a cargo de Montoro, así como los empleados y resto de funcionarios que hay en nómina, para un total de 204.000 personas.

De esta forma, la Agencia Tributaria Catalana solo se encargará de la gestión de sus impuestos propios y cedidos por el Estado, cerca de 250 euros al mes. El Ministerio de Hacienda, además, controlará el uso de las tarjetas de crédito por parte de altos cargos de la Generalitat, a fin de que no puedan emplear dinero en el referéndum del 1 de octubre. Asimismo, los bancos tendrán la obligación de facilitar las posibles transferencias que realice la Generalitat en caso de encontrarlas sospechosas.

La Generalitat ya ha recurrido el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado viernes para impedir la intervención de sus cuentas, pero al no haber solicitado medidas cautelarísimas el Tribunal Supremo no se verá obligado a pronunciarse en los próximos días. Fuentes del Supremo a Efe han recordado que ese trámite obliga a dar traslado a las partes para que presenten alegaciones y que, en el caso de la parte demandada -la Abogacía del Estado-, ese plazo es diez días.