Las multas lingüísticas en Cataluña, tema de portada en The Economist

Las multas lingüísticas en Cataluña, tema de portada en The Economist

17 mayo, 2016
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Actualizado: 17 mayo, 2016 0:00
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The Economist ha colocado en la portada de su web una denuncia contra las llamadas multas de la vergüenza, las que obligan a rotular al menos en catalán las llamadas a los consumidores en los comercios. Las sanciones alcanzan los 1.000 euros y especialmente se ponen a comercios pequeños.

El diario británico recoge la denuncia de Angel Centeno, un empresario que ha tenido que abonar 1.000 euros a las arcas regionales por no cumplir con la ley del consumidor de Cataluña. El diario subraya que su caso es notorio ya que solo rotuló únicamente en «español».

The Economist tilda de «desagradable sorpresa» las multas lingüísticas en Cataluña. El diario apunta que el código de consumo catalán obliga a rotular al menos en catalán desde hace más de una década. «Aquellos que insisten en rotular en español pueden ser multados en cualquier lugar por cientos de miles de euros, dependiendo del tamaño de la empresa o la cantidad de lenguaje no traducida». A Rafael Moreno, dedicado a los muebles, se le endosó una multa de 1.260 dólares y «teme que el Gobierno regional vaya a embargarles la cuenta«. El letrero, rotulado únicamente en español, le costó 18.000 euros y ocupaba 3 metros cuadrados.

The Economist ha entrevistado a Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, una de las plataformas que lucha por hacer prevalecer la Constitución y las leyes frente al nacionalismo catalán. Los números no dejan lugar a dudas del fin de estas multas: la imposición del catalán por encima del español, que es relegado a una lengua extranjera en la Administración. Desde 2014 hasta 2015 se han multado a más de 120 empresas, por un importe total de 200.000 euros. En este 2016, las multas ya triplican al conjunto de 2015.

El rotativo se hace eco de los llamados chivatos lingüísticos, anónimos que denuncian a los comercios por no rotular en catalán. «Hace unos años, un bibliotecario patriótico, Roger Seuba, afirmó haber denunciado a 5.000 empresas». Asimismo, los propietarios de los escaparates denuncian actos vándalicos, como pintura o rotura de cristales.

En 2010, una sentencia dictaminó que la imposición de cualquiera de los idiomas en las empresas privadas viola la Constitución, pese a ello, se mantienen las sanciones. Asimismo, el TSJC anuló la orden de atender a los usuarios en catalán, sino que es el ciudadano quien elege el idioma. La Generalitat hizo caso omiso, y coloca el mensaje en catalán como único.

«Como era de esperar, Montserrat Ribera, directora de la Agencia de Consumo de Cataluña, no está de acuerdo. Las multas lingüísticas consagran el derecho fundamental de los consumidores catalanes para ser servido en su propia lengua, explica». «E incluso las ve necesarias con el pretexto de preservar el idioma», asegura The Economist.

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