Denuncian a la Organización Médida Colegial (OMC) por graves delitos

La Organización Médica Colegial (OMC) ha abanderado una cruzada contra webs y las llamadas sectas médicas tras años de permisividad, por lo que podría haber cometido con este hecho delitos graves contra la salud y estafa.

Así lo denuncia el director de la web discoverydsalud, Jose Antonio Campoy. «Si tienen razón y las terapias que denuncian son ineficaces y peligrosas llevarían muchos años permitiendo que cientos de miles de personas -si no millones- hayan sido estafadas y puesto en peligro su salud y sus vidas», ha afirmado el diario.

En caso de no llevar razón, estarían poniendo «gratuita e injustificadamente en duda la imagen, el honor y la profesionalidad de quienes las ejercen -decenas de miles de ellos médicos- y eso también es un delito grave de calumnias, injurias, difamación y atentado contra el honor y la propia imagen», apunta.

La OMC ha pedido el cierre de un centenar de webs por entender que se hacen eco de «contenido pseudocientífico», una decisión que «es inaudita en un Estado de Derecho y constituye un intolerable atentado contra la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de prensa».

«Si los dirigentes de la OMC -que no son elegidos por sus méritos académicos y científicos- creen que un medio de comunicación está perpetrando un delito o pone en riesgo la salud o la vida de las personas lo que deben hacer es acudir a los tribunales. Su propuesta es lisa y llanamente delictiva», ha continuado. La denuncia se ha enviado a las instancias más elevadas del Gobierno, como a José Manuel Holgado Merino, director General de la Guardia Civil; Germán López Iglesias, director general de la Policía; José Manuel Maza, fiscal general del Estado; al fiscal jefe de Anticorrupción, cuyo cargo está vacante; a Jesús Alonso Cristóbal, fiscal de Sala Jefe de la Audiencia Nacional; al ministro de Justicia, Rafael Catalá; Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional; Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial; Dimitry Teodoro Berberoff, magistrado jefe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo; José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional; a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat; ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría; Patxi López, presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados; y Soledad Becerril, defensora del Pueblo. También se ha enviado a la Casa del Rey a nombre de Felipe VI.

Según la denuncia, la iniciativa de la OMC trata de eliminar de las universidades enseñanzas, numerosas de ellas impartidas durante años y disolver todas las secciones y comisiones colegiales existentes alegando que se trata de disciplinas que no tienen carácter oficial al no ser «especialidades médicas» pese a estar presente en este organismo durante años. De esta forma, la OMC reniega así de «la estructura mantenida desde hace décadas para poder dejar sin representación a quienes ejercen otras medicinas o terapias además de la convencional. De hecho en algunos colegios se han abierto ya expedientes a médicos por practicar terapias alternativas y se les amenaza con la retirada de sus licencias cuando muchas de ellas las avala la propia Organización Mundial de la Salud (OMS)».

El demandante ha justificado diciendo que «según el informe Estrategia de la OMS sobre Medicina Tradicional 2014-2023 las disciplinas no convencionales que quiere prohibir la Organización Médica Colegial (OMC) las ejercen en la Unión Europea 145.000 médicos y 160.000 terapeutas no médicos. Siendo la Acupuntura el método terapéutico más utilizado, con 96.380 profesionales, de los que unos 80.000 son médicos seguido de la Homeopatía con 50.800 profesionales de los que 45.000 también son médicos. Es pues inadmisible lo que está pasando».