Ordenan a una juez investigar a etarras con títulos académicos falsos

La Audiencia Nacional ha ordenado hoy a la juez Carmen Lamela que investigue si 76 presos de ETA usaron documentos falsos para inscribirse en la Universidad del País Vasco (UPV) y la UNED para obtener redenciones, ante las sospechas de que pudiera tratarse de una «práctica concertada».

La sección cuarta de lo Penal adopta esta decisión en un auto en el que ordena a Lamela a investigar la denuncia de Covite que la juez decidió archivar al entender que estos hechos serían únicamente constitutivos de un delito de falsedad sin relación con delitos de terrorismo, por lo que no sería competencia de la Audiencia Nacional

Los magistrados -Angela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel-, al estimar el recurso de Covite, discrepan del criterio de la juez y señalan que además de las posibles responsabilidades penales que pudieran tener esos 76 presos también las tendrían «aquellas personas que hubieran facilitado tales documentos».

De hecho, «se aprecian indicios de que puede haber existido una práctica concertada en la facilitación de los certificados expresados, y que la misma se ha realizado desde fuera de las instituciones penitenciarias, con la finalidad de colaborar con la organización terrorista ETA», destaca el auto.

Pide por eso la Sala a la juez que practique las diligencias de investigación consistentes en dar traslado a la Guardia Civil de la documentación que acompañaba a la denuncia para que elaboren un informe «sobre la existencia de posibles conexiones o unidad de actuación en la obtención de la documentación supuestamente falsa«.

El tribunal tampoco entiende por qué la juez argumenta para el archivo de estas actuaciones que la denuncia omitiera «toda referencia a la identidad de las personas diferentes a la de los 76 denunciados presos de ETA fueron las que pudieron haber facilitado los falsos documentos, colaborando así con la organización terrorista».

Recuerda en este sentido, que tratándose de una denuncia y no de una querella no es necesario plasmar tal identificación, que es la que se tendrá que determinar con las diligencias de investigación.

Lamela archivó esta causa en diciembre después de que su antecesor en el juzgado, Juan Pablo González, admitiera a trámite esta denuncia, y acordó devolver las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, de donde partieron, proponiendo a Covite denunciar este fraude «ante el juzgado territorialmente competente».

Según la juez, la denuncia no «determina la comisión de un delito de terrorismo, sino a lo sumo, de uno o varios delitos de falsedad cometidos por personas ya condenadas y cumpliendo pena por terrorismo», por lo que la colaboración que imputa a terceras personas «deberá entenderse realizada en relación a un delito de falsedad».

Tanto Covite como la Fiscalía consideraron que estos hechos podrían obedecer a una práctica concertada, organizada y dirigida desde la propia organización terrorista ETA, por lo que argumentaban que el fraude denunciado podría ser constitutivo de un delito de colaboración con organización terrorista o de terrorismo.

La Fiscalía precisó que el delito de colaboración no habría sido cometido por los presos de ETA que se habrían beneficiado del fraude, «sino por aquellas personas que hubieran facilitado tales documentos con el conocimiento de que de tal manera conseguían la libertad anticipada de los presos de la organización».

Covite dirigió su denuncia, entre otros, contra Imanol Haranburu Carrera, quien fue propuesto para el cargo de jefe de Negociado de Escuelas de Idiomas y Acreditación de la Consejería de Educación del Gobierno de Navarra, así como contra el histórico miembro de ETA José Antonio López Ruiz «Kubati», Cándido Aspiazu, condenado por el asesinato de Ramón Baglietto, e Iñaki Arakama Mendia «Macario».

Además figuran Valentín Lasarte, ya en libertad tras ser condenado por el asesinato del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez; Juan Luis Aguirre Lete, Inés del Río (conocida por la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que derogó la doctrina Parot), Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Francisco Múgica Garmendia «Pakito», y Domingo Troitiño Arranz, entre otros.