Más de 4.500 empresas españolas, afectadas por el pacto entre PP y PNV

El PNV, que se ha opuesto a los Presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy, y el PP, que trata de conseguir el apoyo vital de los nacionalistas vascos, han firmado un pacto por el cual numerosas empresas empresas de toda España no se beneficiarán de una bajada cercana al 43% en los costes eléctricos.

Organizaciones de Cataluña, junto a otras patronales de España, han llevado este pacto ante la Comisión Europea al considerar que las tarifas de peajes eléctricos en España están discriminando a las grandes compañías consumidoras en determinadas zonas geográficas. Las empresas afectadas suman un total de 4.550, mientras que las patronales denunciantes aglutinan un total de 50.000. Las beneficiadas alcanzan las 1.250.

El problema viene de lejos, cuando se instalaron las infraestructuras en las diferentes comunidades autónomas. La distribuidora que se encargó de este montaje no realizó la misma labor en cada territorio, por lo que empresas afincadas en País Vasco, Cantabria, Navarra o Cataluña, entre otras, están pagando el doble por el mismo consumo eléctrico. La diferencia se debe a la tensión instalada, por lo que se ha dado como resultado un desequilibrio entre Comunidades, afectando así a la libre competencia. En concreto, los afectados, según ha corroborado Cecot, a Intereconomía.com, han llevado el caso hasta Bruselas al considerar que son ayudas de Estado.

«La situación existente a fecha de hoy, agravada con dicha reforma, comporta una notable disminución del coste de adquisición de la electricidad para empresas ubicadas en determinadas regiones del Estado español y por consiguiente los efectos de la medida son selectivos territorialmente y pueden constituir una Ayuda de Estado en favor de las empresas beneficiadas que compiten a nivel de todo el territorio comunitario como se explicará más adelante», afirma la denuncia a la que ha tenido acceso este diario.

La tensión instalada en las fábricas perjudicadas son de 30 kv, de las que 3.277 están Cataluña, y el resto repartido entre Aragón y Extremadura. Para esta tensión, se les exige una tarifa 6.1A y 6.1B, entre 1 kV y 30 kV y los 30 kV y 36 kV, respectivamente. El pacto entre el PNV y el PP tiene previsto equiparar las de 6.1B a las 6.2, discriminando a las empresas acogidas al 6.1A. La modificación beneficia a 1.250 compañías, la inmensa mayoría situadas precisamente donde gobierna el PNV. 790 son del País Vasco, mientras que 357 están en Andalucía, 42 en Navarra, 33 en Castilla y León, 17 en Cantabria y 11 en Asturias. Todas ellas pagarán lo mismo que las de Madrid, por ejemplo.

La reivindicación de estas patronales exige que también puedan acogerse al 6.2 las empresas del 6.1A y beneficie a todas las empresas, y no sólo a una parte, como pretenden PP y PNV. Con esta modificación, que entrará en vigor en 2018, las 1.250 empresas beneficiadas de este pacto registrarán una caída del 43% en el coste del MWh, una posición de ventaja frente a las que tienen tarifas 6.1A. Los criterios, según la denuncia, no corresponden a cuestiones técnicas, sino políticas, más cuando la mayoría de beneficiadas se sitúan en País Vasco.

Esta reivindicación se inició con las patronales vascas, que se aglutinaron en la plataforma kV 25/30 y es ahora, precisamente cuando el PP necesita imperiosamente el voto de los nacionalistas, cuando se firma el pacto. Asun Cirera es la abogada que lleva este caso, la misma que representa a los afectados sobre las ayudas de Estado en relación al proyecto Castor.

¿Para qué fin se concedió la presunta ayuda?

En el año 2013, con la ley 24/2013, la estructura tarifaria de peajes estaba definida en dos tramos: una correspondiente a la banda de tensión entre 1kV-36kV y otra 36kV-72,5kV con los mismos peajes para todas las empresas conectadas a cada una de las bandas. Con el Real Decreto 1054/2014 (Anexo VI) se creó un nuevo rango tarifario para tensiones de entre 30 kV i 36 kV, lo que implicó ya en su día una rebaja del 16% para las industrias que estaban conectadas en este tramo intermedio de tensión. Esta medida estaba basada en una decisión puramente política. Porque como ya hemos explicado, no existe ningún criterio técnico que avale esta distinción tarifaria entre, el acceso en caso de tensiones de entre 1 kV a 30 kV y las que van de 30 kV a 36 kV. Resultado de esta decisión política tenemos hoy una estructura tarifaria de peajes que beneficia a las empresas conectadas con tensiones de 30kV a 36kV (sobre todo del País Vasco) por encima de otros territorios conectados con tensiones de 1kV a 30kV (cómo en Catalunya, Aragón y Extremadura), sin que haya causa económica ni técnica para ello. Los cambios que han provocado esta discriminación han sido fruto de decisiones políticas del partido que gobernaba y que gobierna en este momento en España, consistente en concesiones al Partido Nacionalista Vasco como contraprestación de su apoyo parlamentario para la aprobación de los presupuestos del Estado.

¿Cuál es el importe de la presunta ayuda?

Con la reforma proyectada, las empresas beneficiadas, si partimos de los precios de electricidad registrados en 2016, reducirían el coste del MWh en un 43%. Según informaciones proporcionadas por los medios de comunicación, la medida puede suponer un ahorro económico de 50 millones de euros anuales a las empresas del País Vasco.

Destacamos en este sentido las declaraciones realizadas por una de las empresas beneficiadas por la medida, Ulma Piping, que fabrica accesorios para la industria del petróleo y del gas, y es intensiva en consumo de energía, el cambio de tarifa les proporcionará un ahorro del 28% de la parte fija de la factura de electricidad y un 14% de su factura global.

¿Quién es el beneficiario?

Quien se beneficia de la discriminación tarifaria son las empresas que están ubicadas en las siguientes Comunidades autónomas: Madrid, País Vasco, Navarra, Cantabria, Asturias, Castilla y León y Andalucía.

¿Cuándo se otorgó la ayuda?

La discriminación tarifaria se inició con el Real Decreto de 26/12/2014. Esta situación quedará agravada a partir de 2018 por motivo del acuerdo político entre el Partido Popular Y el Partido Nacionalista Vasco en apoyo de los presupuestos del Estado para 2018.