Pensiones y paro viven del crédito

El Consejo de Ministros ha aprobado dos suplementos de crédito, por valor de 6.000 millones para la Seguridad Social y de 2.300 millones para el servicio público de empleo estatal (SEPE), con el objetivo de hacer frente al gasto extraordinario generado por las medidas de protección ante la pandemia.

Según ha explicado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético aprobado este martes incluye ambos créditos extraordinarios que buscan «garantizar la protección de los colectivos especialmente vulnerables».

«Hay que tener en cuenta que el Gobierno ha ido poniendo en marcha diferentes medidas que siguen vigentes para proteger la renta de los trabajadores, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o la prestación por cese de actividad de los autónomos», ha explicado Montero.

Ha citado también medidas de alivio para las empresas, como las exoneraciones en las cotizaciones sociales, que han generado «una necesidad de financiación de la Seguridad Social que queda garantizada con esta operación».

El Gobierno, ha añadido Montero, «muestra así su compromiso con la sostenibilidad a medio plazo del sistema de la Seguridad Social, y particularmente con el de pensiones, para mantener una red de seguridad para millones de personas, que no permita que nadie quede atrás».

Esta transferencia o crédito extraordinario, que supone un incremento de la dotación presupuestaria del Ministerio, se suma a otra por valor de 14.002 millones de euros concedida el pasado mes de mayo.

La Seguridad Social recuerda en un comunicado que el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021 contemplan como novedad otra transferencia de 13.929 millones de euros que servirá para financiar con cargo a la Administración Central las políticas no contributivas.

Respecto al crédito extraordinario de 2.300 millones de euros para el SEPE, la portavoz del Gobierno ha explicado que financiará el presupuesto de este organismo, que ha tenido que hacer frente a un mayor gasto tanto en prestaciones contributivas como en subsidio por desempleo derivado de las medidas para hacer frente a la pandemia.

En concreto, ha citado el subsidio para empleadas del hogar o el de personas que hubieran finalizado un contrato temporal sin tener derecho a cobrar una prestación durante la vigencia del estado de alarma, así como a la prolongación de los ERTE, «cuya dotación no estaba contemplada en prórroga de los presupuestos de 2018».