Piden inhabilitar a la alcaldesa de Berga por negarse a retirar una estelada de la fachada municipal

El fiscal pide inhabilitar seis meses y multar con 540 euros a la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós, por un delito de desobediencia al desoír la orden de la Junta Electoral para retirar la estelada de la fachada municipal en las elecciones catalanas del 27-S y generales del 20-D de 2015.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal concluye que «la presencia de la estelada en la fachada del Ayuntamiento, como demostración de una opción política, va en contra del deber de neutralidad de las instituciones durante los procesos electorales y puede distorsionarlos».

Venturós, de la CUP, llegó a ser detenida por los Mossos d’Esquadra, el 4 de noviembre de 2016, tras plantar dos veces -el 5 de abril y el 17 de octubre de 2016- al juez de Berga (Barcelona) que la investigaba por no descolgar la estelada, como le había requerido la Junta Electoral de Zona.

Tras su detención, la alcaldesa de Berga compareció finalmente ante el juez, en un interrogatorio en el que también respondió al fiscal, para alegar que no retiró la bandera para mantenerse «firme» en el «mandato popular» que avalaba la colocación de la estelada, ya que la decisión fue aprobada por un pleno municipal.

Además de la multa y de la inhabilitación para ejercer durante seis meses cualquier ocupación o cargo público, la Fiscalía también solicita que se impongan a la alcaldesa las costas del juicio.

Días después de la detención de Venturós, el exjefe de los Mossos d’Esquadra en el Berguedà, el inspector Eduard Cuenca, admitió que su arresto fue un «mal trago» y que hablaron previamente con ella para que, llegado el día, la detención se produjera de la manera «menos lesiva y sin crear mucho jaleo».

Finalmente, la alcaldesa fue arrestada hacia las siete de la mañana, cuando estaba sola en su casa, lo que fue criticado con dureza por el entonces diputado de la CUP Benet Salellas, que ejercía como abogado de Venturós, que instó al Govern a aclarar si estaba «con la justicia española» o con los «cargos electos independentistas» de Cataluña.

«Estamos muy dolidos y enfadados con el departamento de Interior», exclamó ese día Salellas, que denunció que la detención se produjo «de madrugada y sin ninguna publicidad», lo que crispó a la CUP contra el Govern, en plena negociación de los presupuestos entre los anticapitalistas y Junts pel Sí.

El entonces conseller de Interior Jordi Jané -que dejó el cargo a dos meses del referéndum del 1-O-, salió al paso de las críticas y defendió la actuación de los Mossos, ya que como policía judicial, alegó, tenían la obligación de cumplir con las órdenes del juez.

Cuatro días después de la detención de Venturós, la CUP reclamó al Govern que el ejecutivo les avisase si los Mossos iban a detener a más cargos del partido anticapitalista.

Esta exigencia de la CUP se produjo en una reunión mantenida el 8 de noviembre de 2016, cuyo contenido desvela la agenda Moleskine de Josep María Jové, que fue número 2 del exconseller Oriol Junqueras, intervenida por la Guardia Civil durante el registro de su vivienda tras ser detenido el pasado 20 de septiembre.

En sus anotaciones, bajo el título «War Room» (Habitación de Guerra), Jové detalla que en la reunión entre miembros del Govern y la CUP del 8 de noviembre se analizó la situación generada tras la detención de Venturós.

Los representantes del Govern trasladaron en la reunión a la entonces diputada de la CUP Anna Gabriel -actualmente huida a Suiza- que el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont -fugado a Bélgica-, había asegurado que los Mossos harían siempre lo que les ordenaran los jueces y que no recibirían ninguna directriz política del departamento de Interior.

Con el horizonte de una eventual detención del concejal de la CUP en Vic (Berga) Joan Coma, que también había plantado al juez de la Audiencia Nacional en una causa que tenía abierta por incitación a la sedición, los representantes del Govern pidieron a la CUP coordinar una respuesta para «ser eficaces en la gestión de la protesta», según consta en las anotaciones de Jové.

Gabriel advirtió entonces de que su formación no renunciaría «a la estrategia de la desobediencia» y que no pedirían «nunca» a la gente que lo hiciera, aunque solicitó al Govern que les avisaran en el caso de que los Mossos tuvieran previsto detener a dirigentes del partido: «que algún mando avise al cargo político y que estén informados. ¿Puede ser? Así nos podríamos coordinar».

Poco más de un mes después, el 27 de diciembre, agentes de paisano de los Mossos d’Esquadra detuvieron a Coma en Vic, donde el concejal de la CUP, que estaba acompañado por varios de sus simpatizantes, entró, tras pasear tranquilamente por la calle, en un vehículo del cuerpo autonómico, sin ningún logotipo policial, con tiempo de escribir un tuit asegurando: «el Estado Español me detiene».