Podemos se niega a ayudar a los pensionistas venezolanos que viven en España

El Senado ha instado al Gobierno a que a través de «instrumentos de asistencia social» preste ayudas a las familias hispano-venezolanas que están en situación de «precariedad» como consecuencia de los casi dos años de impagos de retribuciones que les debe el Gobierno de Venezuela.

Dichos instrumentos sociales, como convenios y acuerdos con las administraciones locales y autonómicas -financiadas por el Estado para tal fin-, servirían para promover la atención a estas familias que están en una «injusta situación».

La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado ha aprobado esta moción con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios, salvo Unidos Podemos, que se opuso

En la moción, promovida por Coalición Canaria, también se insta al Gobierno central a que reitere al Ejecutivo venezolano la necesidad de abonar «en el plazo más breve posible» las pensiones de estos venezolanos residentes en España.

Sin embargo, la moción pedía inicialmente que el Gobierno central abonase las pensiones que el Ejecutivo venezolano adeuda a los venezolanos residentes en España.

El portavoz de CC, Pablo Rodríguez Cejas, ha indicado que en diciembre de 2015 el Gobierno de Venezuela interrumpió el pago de pensiones a los beneficiarios en el exterior, entre ellos aquellos emigrantes que regresaron a España tras trabajar y cotizar «una vida entera» en el país sudamericano.

«Se trata de una situación injusta y dramática agravada por el largo tiempo transcurrido. Ha pasado más de un año sin cobrar, a lo que se añade la incertidumbre de no saber siquiera cuándo cobrarán o si las cantidades dejadas de percibir las podrán recuperar algún día», ha lamentado Rodríguez Cejas, de la Agrupación Herreña Independiente (AHI).

Muchos de estos hispano-venezolanos son personas de «avanzada edad» para quienes, según el senador canario, esta pensión era su única fuente de ingresos, y se han visto abocados a una «situación de precariedad» como consecuencia de los dos años de impago.

El requerimiento también solicita al Gobierno que «mantenga las reclamaciones» ante Venezuela para que cumpla el convenio bilateral de Seguridad Social vigente entre ambos países desde el 1 de julio de 1990.

Este convenio reconoce el derecho del beneficiario a cobrar pensiones, subsidios, rentas e indemnizaciones sin ningún tipo de reducción o suspensión independientemente de que se encuentre en España.

Más aún: los cobros se harían efectivos en idénticas condiciones y con igual extensión que a los nacionales que residan, en este caso, en España.