Por la dignificación e impulso de la Seguridad Privada en España como garante de la seguridad y protección de los ciudadanos y sus bienes

Por la dignificación e impulso de la Seguridad Privada en España como garante de la seguridad y protección de los ciudadanos y sus bienes

Protegidos Radio (Intereconomia) propugna de forma independiente y con el apoyo de las asociaciones y entidades firmantes del sector de la Seguridad Privada, el derecho a que todos los ciudadanos tengan mayores niveles de protección y seguridad para sus familias, empresas y bienes, con el fin de alcanzar mayores niveles de bienestar y felicidad; para ello apoyamos e impulsamos la dignificación de la Seguridad Privada en España como uno de los elementos fundamentales para conseguir estos objetivos.

PUBLICIDAD

La Constitución Española de 1978, avala esta necesidad en sus Art 15 ,17 y 18

Título I. De los derechos y deberes fundamentales

Capítulo segundo. Derechos y libertades

PUBLICIDAD

Artículo 15

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 17

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma prevista en la ley.
  2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
  3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
  4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Artículo 18

PUBLICIDAD
  1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
  2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
  3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
  4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Como medio para alcanzar estos objetivos en la sociedad Española y como apoyo a la Fuerzas y Cuerpos  de la Seguridad del Estado, consideramos a la seguridad privada como  elemento fundamental para conseguir estos fines; la seguridad Privada a adquirido este compromiso con la sociedad como podemos en su art 5 de la Ley 5/2014 de seguridad privada

Artículo 5. Actividades de seguridad privada.

  1. Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes:
  1. La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos.
  2. El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad.
  3. El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores, joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte u otros objetos que, por su valor económico, histórico o cultural, y expectativas que generen, puedan requerir vigilancia y protección especial.
  4. El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, sustancias, materias, mercancías y cualesquiera objetos que por su peligrosidad precisen de vigilancia y protección especial.
  5. El transporte y distribución de los objetos a que se refieren los dos párrafos anteriores.
  6. La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia.
  7. La explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma, así como la monitorización de cualesquiera señales de dispositivos auxiliares para la seguridad de personas, de bienes muebles o inmuebles o de cumplimiento de medidas impuestas, y la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en estos casos.
  8. La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte.
  9. Los servicios sobre las actividades relacionadas en los párrafos a) a g) del apartado anterior únicamente podrán prestarse por empresas de seguridad privada, sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los despachos de detectives podrán prestar, con carácter exclusivo y excluyente, servicios sobre la actividad a la que se refiere el párrafo h) del apartado anterior.
  10. Las entidades públicas o privadas podrán constituir, previa autorización del Ministerio del Interior o del órgano autonómico competente, centrales receptoras de alarmas de uso propio para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma que reciban de los sistemas de seguridad instalados en bienes inmuebles o muebles de su titularidad, sin que puedan dar, a través de las mismas, ningún tipo de servicio de seguridad a terceros.

Y no solo en la Ley 5/2014 de Seguridad privada sino que en la Ley de Seguridad Nacional formamos parte activa del compromiso de la defensa de España.

PREÁMBULO

I

La seguridad constituye la base sobre la cual una sociedad puede desarrollarse, preservar su libertad y la prosperidad de sus ciudadanos, y garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de sus instituciones.

La legislación española así lo reconoce e interpreta, y contiene instrumentos normativos que, partiendo del marco diseñado por la Constitución, regulan los aspectos fundamentales que han venido permitiendo a los poderes públicos cumplir con sus obligaciones en esta materia.

Así, las normas aplicables a los estados de alarma, excepción y sitio, a la Defensa Nacional, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la protección de la seguridad ciudadana, a la protección de infraestructuras críticas, a la protección civil, a la acción y el servicio exterior del Estado o a la seguridad privada, regulan, junto con la legislación penal y los tratados y compromisos internacionales en los que España es parte, distintos aspectos de la seguridad.

En este sentido, la Seguridad Nacional se entiende como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en cumplimiento de los compromisos asumidos; concepto que, hasta la fecha, no había sido objeto de una regulación normativa integral.

Esta ley se dicta con el propósito de responder a esta demanda, que viene siendo expresada por los agentes de la Seguridad Nacional integrados en las Administraciones Públicas, por el sector privado y por la sociedad en general. No afecta a la regulación de los distintos agentes e instrumentos que ya son objeto de normas sectoriales específicas, sino que facilita su inserción armónica en el esquema de organización general, establecido por la Estrategia de Seguridad Nacional, de 31 de mayo de 2013, bajo la denominación de Sistema de Seguridad Nacional, y liderado por el Presidente del Gobierno.

Esta ley se estructura en cinco títulos.

En el título preliminar, además de las disposiciones relativas a su objeto y ámbito, la ley establece las definiciones y principios generales que inspiran el concepto de Seguridad Nacional como Política de Estado, la Cultura de Seguridad Nacional, la cooperación con las Comunidades Autónomas, la colaboración privada, los componentes fundamentales, así como los ámbitos de especial interés y sus obligaciones.

Artículo 5. Cultura de Seguridad Nacional.

  1. El Gobierno promoverá una cultura de Seguridad Nacional que favorezca la implicación activa de la sociedad en su preservación y garantía, como requisito indispensable para el disfrute de la libertad, la justicia, el bienestar, el progreso y los derechos de los ciudadanos.
  2. A los efectos del número anterior, el Gobierno pondrá en marcha acciones y planes que tengan por objeto aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad acerca de los requerimientos de la Seguridad Nacional, de los riesgos y amenazas susceptibles de comprometerla, del esfuerzo de los actores y organismos implicados en su salvaguarda y la corresponsabilidad de todos en las medidas de anticipación, prevención, análisis, reacción, resistencia y recuperación respecto a dichos riesgos y amenazas.

Artículo 7. Colaboración privada.

  1. Las entidades privadas, siempre que las circunstancias lo aconsejen y, en todo caso, cuando sean operadoras de servicios esenciales y de infraestructuras críticas que puedan afectar a la Seguridad Nacional, deberán colaborar con las Administraciones Públicas. El Gobierno establecerá reglamentariamente los mecanismos y formas de esta colaboración.
  2. El Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas, establecerá cauces que fomenten la participación del sector privado en la formulación y ejecución de la política de Seguridad Nacional.

Artículo 10. Ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional.

Se considerarán ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional aquellos que requieren una atención específica por resultar básicos para preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios y recursos esenciales. A los efectos de esta ley, serán, entre otros, la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente.

Argumentos:

Las agresiones hacia los miembros de la seguridad privada se han incrementado de forma exponencial, generándose una gran alarma social en el sector

La falta de legislación para la defensa de los profesionales de la seguridad privada hace que los agresores salgan indemnes ante los juicios por agresión o amenazas

La falta de equipos de protección (E.P.I.), para prevenir agresiones y accidentes en el ejercicio de sus funciones les hace más vulnerables frente a los riesgos a los que están expuestos

La falta de formación especializada frente a los riesgos a los que  se exponen los miembros de la seguridad privada hace que se multipliquen las probabilidades de sufrir accidentes, agresiones o atentados

La intrusión por parte de empresas y profesionales no cualificados hace que el sector se vea de forma negativa por parte de la sociedad

Las asociaciones y entidades de la seguridad privada en España comparten estas preocupaciones y argumentos deseando al igual que Protegidos Radio que el sector se dignifique en la sociedad, que se eliminen las agresiones hacia los profesionales y se mejoren sus condiciones laborales.

Solicitamos:

 Al Gobierno,  a la Sociedad y  a los responsables Institucionales:

  • Que se considere a los miembros de la seguridad privada agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones
  • Que se aplique el Art 550 del Código Penal para los que cometan agresiones hacia cualquier miembro de la seguridad privada en el ejercicio de sus funciones

Art 550 del código Penal

Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

  • Que se dote a los miembros de la seguridad privada que ejerzan su trabajo en lugares de alto riesgo de atentado o agresión, de los equipos de protección laboral necesarios para salvaguardar su integridad física. (Chalecos, guantes anti-corte y anti-punzonamiento, etc.
  • Que se dote de mayor formación a los miembros de la seguridad privada atendiendo a los criterios de riesgo en función del puesto que ocupen. Sobre todo en materia de prevención de agresiones y atentado. Promoviendo la formación profesional y los grados universitarios.
  • Dotar a las Fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado de la capacitación de inspección y de sanción en materia Intrusismo en todo el territorio Nacional.
  • Impulsar en los medios de comunicación los servicios y prestaciones que la   seguridad privada viene dando a la sociedad para alcanzar mayores niveles de bienestar y tranquilidad.
  • Impulsar el reconocimiento y respeto en la sociedad para con los profesionales de la Seguridad Privada en España y sus empresas.

 

Firman las Asociaciones y entidades que apoyan la solicitud:

  • Asociación Nacional de Jefes de Seguridad (AJSE)
  • Sindicato  Alternativa Sindical de Seguridad Privada
  • Asociación de Directores de Seguridad (ADISPO)
  • Asociación Valenciana de Directores de Seguridad (AVADISE)
  • Asociación de Seguridad Privada Marea Negra
  • Asociación Nacional de Vigilantes de Seguridad (ANVISEPRI)
  • Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad y Guardería Rural (APROVISEN)
  • Observatorio de Agresiones de Seguridad Privada
  • Compañía de Seguridad Grupo Omega
  • Magafor Segurity Formación
  • SECINDEF . International Consulting Security Intellligence & Defense
  • Segurival Consulting
  • Grupo Adaptalia
  • Master Security
  • Defensa y Seguridad Shoke