Portugal pone fin a los blindajes en las empresas, BPI incluida

El Gobierno portugués ha publicado este lunes la aprobación de una propuesta legislativa que permitirá suspender el blindaje de los estatutos en sociedades cotizadas, lo que desbloquearía la situación actual que vive el Banco Portugués de Inversión (BPI), objeto de una OPA por parte de Caixabank.

El jefe del Estado de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, sancionó el decreto-ley aprobado la semana pasada por el Gobierno dirigido a evitar situaciones de bloqueo accionarial en entidades financieras, como le ocurre actualmente al banco BPI. En una nota publicada hoy, la Presidencia lusa informó de la promulgación de esta medida, que dará «a los accionistas de instituciones de crédito la posibilidad de revisar periódicamente la justificación de los límites estatutarios en materia de derechos de voto».

Así ocurre en el seno del BPI, donde el límite a los derechos de voto está establecido en el 20 %, lo que en la práctica iguala el poder de sus dos mayores accionistas: el español Caixabank (con el 44,1% de los títulos) y la inversora angoleña Isabel dos Santos (con una participación del 18,6 %).

Esta situación y la falta de consenso entre los dos principales accionistas derivó en un bloqueo que ha evitado durante los últimos meses que fueran aprobadas medidas importantes, entre ellas la escisión de su negocio en Angola, tal y como le reclama Bruselas para no imponerle una sanción.

La semana pasada Caixabank y Dos Santos anunciaron que encontraron una solución para este problema, pero ayer este pacto quedó «sin efecto».

Como respuesta, la entidad catalana anunció hoy el lanzamiento de una nueva OPA, tal y como ya hizo a principios de 2015, aunque entonces la operación no tuvo éxito.

El Gobierno luso, no obstante, incidió hoy en que la modificación de la ley aprobada ahora -y que entrará en vigor a partir del 1 de julio- no se debe únicamente al caso del BPI, y recordó que en total hay ocho entidades financieras con límites en los derechos de voto.

El cambio en la ley era preparado desde hace más de un mes y medio y fue consultado con el regulador bursátil luso, con el banco central portugués y con la Asociación Portuguesa de Bancos.

Esta alteración legislativa permitirá suspender el blindaje a los derechos de voto que existen en sociedades cotizadas en determinados casos, como el que vive el BPI actualmente, donde los accionistas tienen limitados estos derechos al 20% aunque tengan una participación superior a esta cifra.

Así le ocurre al Caixabank en el BPI, del que posee el 44,1% de los títulos pero donde su poder es prácticamente el mismo que el de la inversora angoleña Isabel dos Santos, cuya participación es del 18,6%.

En la práctica, esto permitió a Dos Santos bloquear tanto la primera OPA lanzada por el Caixabank en febrero de 2015 como, más recientemente, impidió que el consejo de administración del BPI diera luz verde a la venta de su división angoleña.

Precisamente desprenderse de su participación de su negocio en el país africano es una prioridad para el BPI, ya que el Banco Central Europeo amenazó con imponerle sanciones de no hacerlo antes del pasado 10 de abril.

Caixabank y Dos Santos anunciaron un acuerdo la semana pasada, a falta de apenas una hora para que expirase el plazo, pero ayer el BPI informó de que este pacto quedó «sin efecto» tras las divergencias surgidas entre ambos. Hoy mismo, la entidad española respondió a esta situación con el lanzamiento de una nueva OPA que tiene por objetivo hacerse con el control total del BPI.