PP y Vox en las Cortes ven una «barbaridad» que las menores puedan abortar sin permiso paterno

Los portavoces de los Grupos Parlamentarios Popular y Vox en las Cortes de Castilla y León calificaron hoy como una “barbaridad” la nueva ley del aborto, aprobada hoy en el Congreso de los Diputados, por permitir que las menores de 16 y 17 años se puedan someter a esta intervención sin consentimiento de sus padres, aunque el procurador ‘popular’ Raúl de la Hoz aventuró que la ley será derogada “en diez meses”.

En declaraciones recogidas por Ical a la conclusión de la Junta de Portavoces de las Cortes, y tras ser preguntado por la aprobación hoy de la nueva ley del aborto en el Congreso, De la Hoz, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Castilla y León, aseguró que lo único que le “tranquiliza” es que “dentro de 10 meses la barbaridad va a ser derogada” por el posible cambio de Gobierno en el conjunto de la nación.

“Pero la primera vuelta para que eso ocurra es el 28 de mayo, donde los ciudadanos de Castilla y León le vamos a decir a Podemos, a Pedro Sánchez, al PSOE y a sus socios de Bildu y Esquerra Republicana, que lo que han provocado hoy no es lo que necesita nuestro país, sino consensos desde el diálogo y la moderación, que es lo que tendremos en nuestro país dentro de diez meses”, concluyó.

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes autonómicas, Carlos Menéndez, consideró la nueva ley del aborto “la misma barbaridad que supone que hoy en el Congreso se esté sometiendo a votación una ley por la que menores de 12 a 16 años pueden modificar su cuerpo”, en relación a la también aprobada hoy ley ‘trans’.

“Vemos como el Gobierno de la nación y el PSOE legislan con una barbaridad para tapar barbaridades anteriores”, expresó Menéndez, que sobre el posicionamiento del PP a nivel nacional sobre la ley del aborto apuntó que ambos partidos “ya hemos manifestado tener posicionamientos diferentes y eso es respetable”. No obstante, aseguró que eso no influye en la “relación muy cordial” en la Junta y las Cortes autonómicas, donde “la responsabilidad de cumplir con la defensa de los intereses de los castellanoleoneses sigue adelante con total normalidad”.