Principales propuestas de Tusk para un acuerdo con el Reino Unido

Bruselas, 2 feb.- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentó hoy a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea una propuesta de acuerdo que permita renegociar las relaciones del Reino Unido con los demás 27 socios y mantener así al país en el club comunitario.

La propuesta pretende hacer frente a las cuatro principales exigencias del primer ministro británico, David Cameron, en materia de gobernanza económica, competitividad, soberanía, y beneficios sociales y libre circulación.

Éstos son los principales elementos del documento:

GOBERNANZA ECONÓMICA: La propuesta establece principios para garantizar el respeto mutuo entre los Estados miembros que quieren avanzar en la profundización de la Unión Económica y Monetaria y los que no, como el Reino Unido. La intención es permitir mayor integración dentro de la eurozona a la vez que salvaguardar los derechos y las competencias de los países miembros de fuera del euro.

Tusk propone para ello un «mecanismo» que dé las garantías necesarias a los países que no pertenecen al área de la moneda única, pero que no puede servir para vetar o retrasar decisiones urgentes, ni medidas que puedan poner en «riesgo la consecución de los objetivos» de la eurozona.

El mecanismo, explicado en un documento aparte, consiste, a fin de permitir la gestión eficaz de la Unión Bancaria y las consecuencias de una mayor integración de la eurozona, en que al menos uno o varios Estados (aún por definir) que no participan en este proyecto y sujeto a votación de todos los miembros del Consejo, pueden indicar su oposición razonada a una medida legislativa.

Si se adopta por mayoría cualificada, el Consejo debe discutir el tema.

El presidente puede asimismo tomar las medidas necesarias para facilitar una base más amplia de acuerdo.

La propuesta de Tusk aclara además que las medidas de emergencia y de crisis para salvaguardar la estabilidad financiera de la eurozona no supondrán ninguna «responsabilidad presupuestaria» para los países que no tienen el euro o no participan en la Unión Bancaria, y si el presupuesto de la UE apoya los costes, se garantizará el «pleno reembolso».

La supervisión o liquidación de bancos y de mercados, y responsabilidades macroprudenciales para preservar la estabilidad financiera de un país de fuera del euro es un asunto de las autoridades nacionales, salvo aquellas reglas a nivel de toda la UE.

En cuanto a las discusiones «informales» de los Estados miembros, es decir el Eurogrupo, éstas deben «respetar los poderes del Consejo y las prerrogativas de otras instituciones de la UE».

COMPETITIVIDAD: El documento establece el compromiso de los socios del Reino Unido a «hacer todos los esfuerzos» para fortalecer el mercado interior y a adaptarlo al entorno cambiante.

Al mismo tiempo, las instituciones comunitarias y los Estados miembros darán pasos concretos hacia una mejor regulación, lo que implica rebajar la carga administrativa y costes de cumplimiento para las empresas, especialmente las pymes, así como derogar legislaciones innecesarias.

Se evaluará regularmente el progreso hecho a la hora de simplificar la legislación y reducir la carga para las empresas, de manera que se elimine la burocracia y duplicidades.

SOBERANÍA: La UE reconoce que el Reino Unido no «esta comprometido con una mayor integración política dentro de la Unión», y subraya que el principio de la subsidiariedad -que Bruselas intervenga cuando sea necesario y deje espacio en lo posible a los Estados miembros para actuar- se debe aplicar «lo más cerca posible del ciudadano» comunitario, y tendrá en cuenta si la actuación a nivel de la UE produce o no «claros beneficios» para los mismos en comparación con lo que podría hacerse a nivel nacional.

Tusk propone también dar a los parlamentos nacionales más poderes a la hora de la aplicación de ese principio y del de la proporcionalidad, al recalcar que sus opiniones razonadas las deben tener en cuenta debidamente las instituciones.

Por ello, los parlamentos podrán hacer uso de la llamada «tarjeta roja» o de una opinión razonada en contra de una propuesta legislativa en un plazo de 12 semanas desde su transmisión si el rechazo representa más del 55 % de los votos asignados a los parlamentos nacionales (16 parlamentos, según fuentes europeas).

Los representantes de los países miembros en el Consejo abandonarían entonces la propuesta salvo que sea enmendada para «acomodar» las preocupaciones expresadas.

BENEFICIOS SOCIALES Y LIBRE MOVIMIENTO: Tusk propone cambios en la legislación comunitaria en lo relativo a la «exportación» de beneficios por hijos que viven fuera del Reino Unido y la aclaración de un mecanismo de salvaguarda para responder a situaciones excepcionales de llegada de trabajadores de otros Estados miembros.

En cuanto al primer aspecto, las personas que trabajen en el Reino Unido pero cuyo hijo viva en otro país miembro podrían recibir una cantidad indexada al coste que supone criarlo en el lugar de su residencia, según fuentes comunitarias.

El mecanismo de «alerta y salvaguarda», por su parte, podrá ser activado en situaciones de una «magnitud excepcional y durante un periodo extendido» y si el sistema de seguridad social se ve afectado en aspectos esenciales, al igual que el funcionamiento adecuado de los servicios públicos.

Una vez examinada la notificación de este problema, a propuesta de la Comisión Europea, el Consejo puede autorizar al país miembro afectado «restringir el acceso a los beneficios sociales hasta el punto que sea necesario».

El sistema permitiría limitar el acceso a trabajadores comunitarios que entran nuevos en el mercado laboral a los beneficios por un periodo de hasta cuatro años desde el inicio de su empleo, pero la limitación tiene que ser graduada, es decir, desde una exclusión total hasta un acceso gradual mayor a tales beneficios.

El enfoque, así como la duración exacta de la aplicación del mecanismo aún deben ser discutidos entre los líderes de la UE. EFE