El PSOE rechaza la exigencia de Ciudadanos de eliminar las Diputaciones

El PSOE ha rechazado en público la supresión de las Diputaciones, como exige Ciudadanos dentro de su programa, para el que necesita sí o sí el apoyo del PP ya que conlleva una reforma de la Constitución. El principal escollo con el PSOE es el relativo a las diputaciones, puesto que en el documento con el que ha negociado el acuerdo de gobierno, solo plantea «redefinir el papel y la estructura» de estas entidades, cuya principal misión es colaborar en la gestión de la actividad municipal.

Desde la Fundación Alternativas exigen plantearse la eliminación de gastos «superfluos e ineficientes», como las Diputaciones. Sus competencias pasarían a manos de las CC AA o Ayuntamientos. Según un documento publicado, la fundación afín al PSOE señala que la eliminación de las diputaciones no es la solución a corto plazo, pero aboga por que se reduzca el coste global de su cobertura con el inicio del traspaso de sus funciones a autonomías y ayuntamientos.

La fundación enmarca esta medida dentro de la sostenibilidad financiera necesaria para transformar la economía, que cree que también tiene que ser sostenible en términos territoriales, generacionales y medioambientales. En su opinión, en los primeros días de gobierno «será esencial» transmitir a los socios comunitarios el compromiso de España con la sostenibilidad financiera con el objetivo de poder negociar una flexibilización del calendario de reducción del déficit público.

En este sentido, apuesta también por otras medidas como luchar contra el fraude o por recuperar la tributación de las rentas del capital y altos patrimonios para incrementar los ingresos públicos. Según la Fundación Alternativas, el futuro Gobierno tiene que cambiar el rumbo de la política económica para avanzar hacia una economía más solidaria, eficiente y sostenible, una tarea que considera que tiene que comenzar con la puesta en marcha de un plan social urgente.

«Ni siquiera la frialdad de las cifras macroeconómicas puede esconder la urgencia social un cambio de rumbo en la economía española«, dice el documento para el debate propuesto por Alternativas, que subraya las tasas récord de desempleo, pobreza y desigualdad que tiene España sin ser uno de los países más pobres de la UE.

Por ello, reclama un plan de actuación urgente para aliviar la situación de los más perjudicados, pero abordando también desde el principio de la legislatura las causas de los «graves desequilibrios» que afectan a las cuentas públicas.

«Sólo un planteamiento global de este tipo podrá convencer a nuestros socios comunitarios para adaptar los escenarios de consolidación de las cuentas públicas a un planteamiento razonable -tanto desde el punto de vista social como estrictamente económico- y de que hay margen para ello», añade el documento.

Entre las medidas propuestas para una economía más solidaria destacan un plan de rentas mínimas de inserción y activación, la paralización de los desahucios de viviendas, la lucha contra la pobreza energética, la subida del salario mínimo hasta 1.000 euros al final de la legislatura, la derogación de la reforma laboral o un plan específico para bajar el paro juvenil y de larga duración.

También en este capítulo la fundación incluye la recuperación de la cobertura sanitaria universal de calidad, la recuperación de lo recortado en la financiación a la ley de dependencia o la aprobación inmediata de un incremento del 10% en la partida presupuestaria destinada a la prevención de la violencia de género y asistencia a las víctimas.

Para lograr un economía más eficiente, propone luchar contra el fraude y la corrupción con el refuerzo de la plantilla de la Agencia Tributaria y de la inspección laboral, la mejora de los recursos materiales y humanos de la administración de justicia o la prohibición explícita de las amnistías vinculadas con delitos de fraude y corrupción, entre otras cosas.

Asimismo, aboga por recuperar el diálogo social, reforzar la vigilancia de las violaciones de la libre competencia y fomentar la innovación, la educación y la cultura, lo que incluye una «rebaja inmediata del IVA cultural al 10%».

En el programa de las elecciones generales, los socialistas hablaban de «modernizar» las asambleas provinciales, «reformulando su papel como espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes». El PSOE también proponía dotarlas de «competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por los municipios, siempre con criterios de máxima transparencia, racionalidad y democracia».

En las elecciones generales de 2011, el ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ya se mostró partidario de transformar las diputaciones provinciales y redefinir su papel para que se limitaran a coordinar servicios de municipios pequeños. Rubalcaba aseguró que esta medida suponía un ahorro de 1.000 millones de euros y la supresión de un millar de cargos públicos.

Limitar aforamientos

El PSOE se muestra conforme con limitar los aforamientos al ejercicio de la actividad política y promover que las comunidades autónomas los supriman en los Estatutos de Autonomía.

También comparte que se establezca un límite de dos mandatos consecutivos para ejercer la Presidencia del Gobierno. En cuanto a la iniciativa legislativa popular, los socialistas abogan por reducir a 300.000 las firmas requeridas, por lo que solo existe una diferencia de 50.000 respecto a la demanda de Ciudadanos. En cuanto al sistema de elección de miembros del CGPJ, el programa electoral de los socialistas señalaba la necesidad de revisar el sistema de nombramientos «de sus integrantes. composición, colegialidad y pluralidad».