Puigdemont exigirá a las empresas ayuda para poder gestionar el IRPF

La Generalitat de Cataluña, presidida por Carles Puigdemont, admite que no puede realizar las bases de datos para poder gestionar el IRPF, pero avisa que pedirá ayuda a las empresas para poder realizarlo.
La Generalitat prosigue su camino a la hora de cebar su Agencia Tributaria propia, que de momento tendrá que conformarse con recabar y gestionar tributos y tasas de su competencia, como el impuesto a las bebidas azucaradas, entre otros. No obstante, el Gobierno catalán deja claro que no tiene competencias para realizar las bases de datos del IRPF, pese a gastarse el dinero en contratar a IBM para poder hacerlo.
Es decir, ha creado la herramienta para poder gestionar y cobrar el IRPF, pero sin tener medios para que los trabajadores dejen sus datos al Gobierno autonómico. Estos datos tienen una especial importancia, más cuando se amenaza con la independencia desde 2012.
El secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, en un encuentro con periodistas, ha querido dejar claro que «la Generalitat no construirá una base de datos para recaudar el IRPF, porque no podemos, no tenemos competencias».
No obstante, preguntado por cuándo se entenderá que la Generalitat ya dispone de estas competencias, ha asegurado que ello dependerá de lo que les mande el Parlamento catalán, y ha subrayado que el proceso político que vive Cataluña «supera la lógica tributaria«.
Con el fin de zanjar la polémica desencadenada por el exsenador de ERC Santi Vidal, que aseguró que la Generalitat había obtenido de forma ilegal datos fiscales de los catalanes, Salvadó ha remarcado que la Generalitat no ha hecho ninguna actividad ilegal.
Hasta el momento, ha explicado Salvadó, la Generalitat se ha limitado a cribar información duplicada o errónea de sus bases de datos, conformadas a partir de los impuestos que ha gestionado en los últimos treinta años, los cedidos y los propios.
Ese proceso de cribado, llevado a cabo en los últimos meses, permitirá disponer de información más fiable para cumplir con las competencias fiscales que tiene asignadas. Sin embargo, la Generalitat ha encargado a IBM y otra empresa privada crear Espriu, que si bien aún no dispone de su primera versión operativa, sí se espera que se ponga en marcha el 1 de julio.
Tal como avanzó Salvadó la semana pasada, la Generalitat introducirá en ese sistema los nuevos impuestos que están en tramitación en el Parlament, empezando por el impuesto de bebidas azucaradas.
Salvadó ha admitido que este nuevo programa podría incorporar, si fuera necesario en el futuro, un módulo para recaudar el IRPF y que luego se podría ir trabajando en una estructura más compleja. Tras dejar claro que la Generalitat «no hará nada para lo que no tenga competencias«, Salvadó ha dado por supuesto que cualquier administración tributaria, tanto la catalana como la de cualquier país, necesita de la colaboración de las empresas para gestionar el IRPF, y ha dicho que lo mismo sucede con el IVA o el Impuesto de Sociedades.
«Los datos fiscales de los contribuyentes los tienen las empresas, que son las que mensualmente pagan el IRPF«, ha comentado Salvadó, que ha recordado que la administración tributaria, en este caso la estatal, dispone de un histórico de datos que le permite luego hacer la labor de inspección fiscal, pero que solo una empresa sabe si le ha subido o no el sueldo a un trabajador y calcula cuánto le debe retener por el IRPF.
«Cómo la empresa decide si paga a una administración o a otra«, se ha preguntado Salvadó, y ha concluido que esto forma parte del terreno político, al tiempo que se ha mostrado convencido de que si los catalanes se pronuncian en referéndum por la independencia, el Estado respetará el resultado.

La Generalitat se apoyará en las Fintech para poder acceder a datos sensibles de los trabajadores

Preguntado por si también se requeriría la colaboración de los bancos en materia fiscal, Salvadó ha admitido el peso que tienen los bancos en este ámbito, pero también ha recordado que en los últimos años han aflorado infinidad de métodos alternativos a la banca para canalizar pagos.
Por otra parte, ha insistido en que la Generalitat mantiene el 1 de septiembre como fecha para asumir la liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como del de Sucesiones y Donaciones, ahora en manos de los Registradores de la Propiedad.
Para poder acometer esas funciones, la Generalitat continúa su plan de despliegue de oficinas de la ATC por toda Cataluña y confía en incorporar como interinos a 260 empleados de los Registradores de la Propiedad.
Así pues, los planes de la Generalitat pasan por elevar la plantilla de la ATC de las 430 personas actuales a 800 en diciembre de este año, y buena parte de las nuevas incorporaciones serán de interinos.