Referéndum ilegal en Cataluña: ¿por qué un inmigrante puede votar y un español no?

Referéndum ilegal en Cataluña: ¿por qué un inmigrante puede votar y un español no?

27 septiembre, 2017
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Actualizado: 27 septiembre, 2017 16:25
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En España ninguna de sus Comunidades autónomas pueden convocar un referéndum, según lo establece el artículo 149.1 32ª de la Constitución Española.

Tal y como recoge el apartado 1 en su punto 32 el Estado español es el único que puede aprobar una «autorización para la convocatoria de consultas populares por vías de referéndum. Además, en el artículo 92 de la Consitución Española se recoge estos tres puntos que demuestran, una vez más, la ilegalidad del 1-O.

    1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

    2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

    3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

Así mismo, en el título preliminar del art´iculo 2 se estipula que «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

En este sentido, el debate de una moción del PDeCAT en el pleno del Senado sobre el conflicto catalán, rechazada por los votos mayoritarios del PP y el PSOE, ha servido para confirmar que las fuerzas políticas mantienen firmes sus posiciones ante el referéndum independentista convocado para el próximo domingo en Cataluña.

Mediante la incorporación de enmiendas, los nacionalistas han logrado el respaldo a su moción de Compromís y de Unidos Podemos, así como del PNV, EH-Bildu y NC, hasta reunir 33 votos a favor de su iniciativa frente a los 207 en contra del resto de la Cámara.

Más allá del contenido de la propuesta, en la que el PDeCAT pedía la derogación de las órdenes del Gobierno para intervenir las cuentas de la Generalitat, la discusión ha derivado en un debate genérico sobre la respuesta del Ejecutivo ante la crisis catalana.

En nombre del grupo proponente, el senador Joan Bagué ha denunciado la «extrema agresividad» del Gobierno a la hora de impedir un referéndum que ha defendido como fruto de la voluntad del 82 por ciento de los catalanes que quieren votar, y ha dicho que el PP ha preferido «centrifugar sus responsabilidades ante fiscales y jueces» en vez de abordar el debate sobre las demandas de Cataluña.

Ha dibujado un panorama de medidas «coercitivas» con «amenazas» a los 742 alcaldes que apoyan la votación, restricciones a las libertades de reunión y opinión, registros, detenciones, y «miles» de policías y guardias civiles enviados a Cataluña, que a su entender suponen la vulneración de derechos fundamentales recogidos en la Constitución y también en la legislación internacional.

«Lejos de reforzar derechos los políticos de todos» en realidad se los está quitando a «miles de ciudadanos relegados a la condición de extranjeros en nuestra tierra»

Le ha replicado en nombre del PP Xavier García Albiol, para decirle que España «no es un régimen totalitario» que vulnere la democracia, y quien ha advertido que lo que se está viviendo en Cataluña «lejos de reforzar derechos los políticos de todos» en realidad se los está quitando a «miles de ciudadanos relegados a la condición de extranjeros en nuestra tierra».

También ha apuntado que es la Generalitat quien incumple las leyes y ha subrayado la «imperiosa necesidad de poner punto y final a una etapa decadente que están viviendo las instituciones catalanas».

Albiol ha dejado claro el apoyo del PP a las Fuerzas de Seguridad del Estado, a jueces y fiscales, funcionarios, alcaldes, y al Gobierno central en su respuesta al desafío secesionista.

Por su parte, los socialistas habían presentado una enmienda de sustitución, no aceptada por el PDeCAT, en la que instaban a respetar la ley «sin olvidar que el trasfondo del problema es político y requiere soluciones políticas en las que el Gobierno debería estar trabajando» y hacían un llamamiento a la «serenidad y la calma» para que las instituciones puedan buscar una salida.

El senador del PSOE José Montilla ha dicho al PDeCAT que su moción es «tramposa» y que si hubiera violación de derechos fundamentales en Cataluña el PSOE la habría apoyado; la ha tachado de «cortina de humo» para tapar la «liquidación» del Estatut y la Constitución cometida con las leyes del referéndum.

Montilla ha recriminado al presidente del Gobierno Mariano Rajoy su «incapacidad de diálogo» y al independentismo su empeño por «romper la legalidad», ha manifestado que lo peor para Cataluña ha sido el «inmovilismo» y que la respuesta no puede ser «judicial ni policial» para abogar encarecidamente por el diálogo.

Desde Unidos Podemos, Mercé Vilà ha exigido al Gobierno que cese su «política de excepcionalidad y represión hacia Cataluña», ha reclamado la retirada de los agentes enviados por el Ministerio del Interior y ha afirmado que la única solución es «dejar votar, dialogar y pactar un referéndum».

Jokin Bildarratz, del PNV, ha puntualizado que la presencia de policías y guardias civiles en Cataluña no se ajusta a la ley, ha coincidido en que la vía judicial y penal no va a solucionar el problema catalán y ha pedido al PP que deje de ser «el partido del no» y actúe con «generosidad» a partir del 2 de octubre.

Por parte de Ciudadanos, Francisco Javier Alegre ha emplazado a los independentistas a detener esta «locura», convocar elecciones y poner «urnas de verdad» para abrir una «nueva etapa» de diálogo y entendimiento.

Entre los que han respaldado la moción, Jon Iñarritu, de EH-Bildu, ha dado «todo el apoyo de la izquierda independentista vasca a los independentistas catalanes», gesto acogido con aplausos del PDeCAT.

Carles Mulet, de Compromís, ha apuntado que el Gobierno actúa «con medidas más propias de Torrente que de un Estado moderno» al asediar Cataluña «para crispar y dividir más», en un debate en el que han estado ausentes los 12 senadores de ERC.

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