La reforma del código laboral abre la brecha política en Francia

La reforma del código laboral abre la brecha política en Francia

20 febrero, 2016
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Actualizado: 20 febrero, 2016 0:00
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Marta Garde

París, 20 feb.- El proyecto de reforma del código laboral ha ahondado en Francia la brecha política abierta entre el Ejecutivo socialista y la mayoría parlamentaria gobernante, con cambios que han crispado además a los sindicatos y le han valido acusaciones de querer retroceder «al siglo XIX».

Al anteproyecto de ley todavía le queda un largo camino antes de su validación, pero no han parado de lloverle críticas desde que esta semana se filtraron sus principales medidas, tras haber sido presentado al Consejo de Estado.

El texto no toca oficialmente la semana laboral de 35 horas, una medida icónica de la izquierda, pero flexibiliza el tiempo de trabajo y, según los críticos, introduce «innumerables» posibilidades para superarlas sin penalidades.

El plan recupera la fijación de topes en la indemnización por despido improcedente, lanzada el pasado junio pero censurada posteriormente por el Consejo Constitucional porque en ese momento la compensación no era igual para todos, sino mayor para los trabajadores de las grandes empresas.

Y, entre otros de los puntos más polémicos, clarifica las reglas del despido económico, que podrá aplicarse en caso de descenso de pedidos, degradación de la tesorería, cambio tecnológico o reorganización empresarial, dentro de una lista que sus detractores creen que amplía los motivos para deshacerse de un trabajador.

El sindicato CGT denuncia que «supone una vuelta al siglo XIX en materia de legislación laboral», mientras que Fuerza Obrera lamenta que ofrezca mayores facilidades para las empresas, pero no nuevas garantías para los empleados.

Definido como el último gran texto económico y social del quinquenio socialista, será presentado en consejo de ministros el 9 de marzo y llegará a la Asamblea Nacional y al Senado, respectivamente, en abril y mayo.

La ministra francesa de Trabajo, Myriam El Khomri, que da nombre a ese proyecto, asegura en el diario «Les Échos» que constituye una continuidad de las reformas precedentes, pero «un cambio de escala» para adaptarse a las necesidades de las empresas.

Desde que se filtró, muchos responsables de la mayoría parlamentaria, según el periódico «Libération», oscilan «entre la resignación y la cólera».

El primer secretario del Partido Socialista, Jean-Christophe Cambadélis, advierte de que le va a costar votar esa reforma y pide mejoras, mientras que los llamados disidentes la ven «peligrosa para los trabajadores y carente de ambición para la economía».

El Khomri dice que está abierta a la negociación, pero no descarta recurrir al controvertido artículo 49.3 de la Constitución, que evita el debate en la Asamblea cuando se constata dificultad para alcanzar una mayoría de votos.

«Es como si el Ejecutivo se hubiera embarcado en una estrategia de ruptura. Nadie entiende lo que pasa», señala la diputada socialista Sandrine Mazetier, que no ve lógica esa línea política a 14 meses de las elecciones presidenciales.

La derecha se ha mostrado discreta sobre el fondo del proyecto, cree que algunos puntos se inspiran en sus propias propuestas y anima a llevarlo más lejos, pero, según «Les Échos», busca sobre todo explotar la ola de oposición levantada en la izquierda.

«El infierno está lleno de buenas intenciones. En este texto las hay, pero, visiblemente, plantean un problema para la mayoría», afirma el secretario general de Los Republicanos, Éric Woerth, para quien ese primer documento es un «globo sonda» que puede distar mucho de la normativa final.

Medios como el digital «atlantico» sostienen que, de momento, «hace explotar literalmente las estructuras del modelo vigente desde hace 30 años» y tachan de «aventura políticamente loca» la intención del Gobierno porque «va al encuentro de una resistencia violenta sin la garantía de estar apoyado por la derecha».

El presidente francés, François Hollande, intentó ayer calmar los ánimos alegando que se van a respetar los derechos de los trabajadores, pero advirtió de que en esta recta final del mandato no está «para buscar complacencia, sino para actuar». EFE

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