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Residencia La Minería, geriátrico de lujo y local de corrupción de UGT

Residencia La Minería, geriátrico de lujo y local de corrupción de UGT

30 mayo, 2017
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Actualizado: 30 mayo, 2017 18:47
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La residencia geriátrica «La Minería», construida con 31 millones de euros aportados por el Estado para compensar la reconversión del sector hullero, pasó de figurar como un ejemplo de establecimiento para mayores en Europa a foco de corrupción del sindicato minero del SOMA-UGT.

Inaugurada en 2013 en Felechosa (Aller) con la asistencia de los entonces Príncipes de Asturias, su construcción se situó un año y medio después en el foco de la investigación abierta para determinar el origen de la fortuna oculta de 1,4 millones que el histórico líder del sindicato durante 35 años José Ángel Fernández Villa regularizó acogiéndose a la amnistía fiscal de 2012.

A la regularización de fondos, en este caso por importe de 360.000 euros, se acogió también uno de sus más estrechos colaboradores en el sindicato y presidente del Montepío de la Minería Asturiana hasta 2014, José Antonio Postigo, detenido hoy y que, al igual que su jefe, fue expulsado del PSOE y del SOMA-UGT.

La actuación de Villa y Postigo, que situaron a familiares directos en cargos de responsabilidad en el geriátrico con contratos blindados, llevó al Montepío -ya bajo la dirección de Juan José González Pulgar- a investigar si el origen de las fortunas que regularizaron estaban vinculadas a la construcción de «La Minería».

La adjudicación del proyecto a la empresa Alcedo de los Caballeros se llevó a cabo durante el mandato de Postigo y, según ó González Pulgar tras las averiguaciones en el seno del Montepío, se hizo de forma legal, pero en su fórmula de tramitación se apreciaba «cierta intencionalidad».

Adjudicación a la carta

Según el actual responsable del Montepío, su predecesor elaboró «un baremo a la carta» que posibilitó que las obras se adjudicaran a la compañía que presentó la oferta económica más elevada de las cinco que optaban y que daba carácter «prioritario» al desarrollo del centro de hidroterapia no incluido inicialmente en el proyecto.

Hasta 2009 los proyectos a ejecutar con cargo a fondos mineros sólo los hacían administraciones públicas, pero ese año se cambió la normativa de forma que pudieran llevarlas a cabo instituciones sin ánimo de lucro como Montepío.

El Montepío, creado en 1970, lo que lo convierte en una de las mutualidades obreras más antiguas de Europa, cuenta con unos 16.000 mutualistas y gestiona, además de «La Minería», un apartahotel en Roquetas de Mar (Almería); un complejo de viviendas en Los Alcázares del Mar Menor (Murcia) y el Balneario de Ledesma, en Salamanca.

Dos años de investigación

Tras más de dos años y medio de investigación, la Fiscalía Anticorrupción, el juzgado número 3 de Oviedo y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han lanzado hoy la «Operación Hulla», que ha incluido registros en Asturias, Valladolid, Madrid y Murcia y en la que, además de Postigo y Fernández Villa, están siendo investigados varios familiares cercanos de ambos.

Entre los detenidos figura también Juan Antonio Fernández, gerente de la constructora adjudicataria de «La Minería» -a la que el Montepío reclamó en 2016 más de dos millones de euros por defectos en la ejecución de las obras- así como el arquitecto de la obra, Manuel Sastre, y el asesor económico del Montepío, J.M.F.F.

La fiscalía pide cinco años de cárcel para el histórico líder de UGT Fernández Villa, un asiduo del inicio del curso socialista en Rodiezmo y habitual canto de la Internacional con el puño en alto

Este fue despedido de su trabajo en la mutualidad minera tras desvelarse que había acompañado tanto a Villa como a Postigo a la entidad bancaria en la que regularizaron sus fondos en la amnistía fiscal de 2012.

Además, el pasado 11 de mayo el juzgado número 2 de Oviedo decretó la apertura de juicio oral por un presunto delito continuado de apropiación indebida contra Fernández Villa y el exsecretario de la Fundación para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (INFIDE) Pedro Castillejo.

Tras la querella presentada contra ambos por el sindicato, la jueza instructora impuso a Fernández Villa una fianza de 434.158 euros y a Castillejo otra de 119.434 euros, por los importes presuntamente apropiados, después de que la Fiscalía pidiera cinco años de cárcel para el primero y tres años y medio para el segundo.

La Fiscalía de Asturias tramita también una petición de la familia de Fernández Villa para que se declare su incapacidad civil debido a su delicado estado de salud.

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