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A Rufián podría acabársele el chollo de los 8.000 euros al mes de sueldo

A Rufián podría acabársele el chollo de los 8.000 euros al mes de sueldo

06 noviembre, 2017
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Actualizado: 06 noviembre, 2017 15:37
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La Mesa del Congreso este lunes podría estudiar el informe que encargó hace dos semanas a los servicios jurídicos de la Cámara ante la petición de Ciudadanos de retirar el sueldo y las subvenciones a los diputados de ERC y el PDeCAT por sus reiteradas ausencias del Pleno en las últimas semanas a raíz del agravamiento de la crisis política en Cataluña.

La formación dirigida por Albert Rivera pedía formalmente al órgano de gobierno de la Cámara que procediera a suspender el sueldo de los independentistas, quienes desde que el 20 de septiembre abandonasen por primera vez el Pleno del Congreso ante las detenciones de cargos de la Consejería de Economía que se efectuaron ese día en Barcelona, su presencia en el hemiciclo se ha reducido a las sesiones de control.

Los diputados de ambos partidos catalanes han «desatendido» el resto de actividades parlamentarias: las reuniones de la Junta de Portavoces y las comisiones, según ha dicho Rivera. El diputado catalán cobra un total de 105.150 euros por ocupar su escaño y arremeter contra España y el Congreso de los Diputados.

Rufián cobra 2.813 euros brutos al mes (14 pagas anuales) de asignación constitucional básica. Además, como es portavoz adjunto de la Junta de Portavoces percibe 1.424 euros al mes (14 pagas) de gastos de representación y otros 662 de libre disposición (14 pagas). Esas tres cantidades suman 5.947 euros brutos al mes, indica el portal Sueldos Públicos.

Los nueve diputados de ERC y los ocho del PDeCAT no acudieron al pleno celebrado en el Congreso el 3 de octubre, porque secundaron la huelga que convocó la Generalitat para aquella jornada como medida de protesta por la actuación policial el 1-0. Tampoco participaron en la sesión plenaria del 10 de octubre. Además, los representantes de ERC faltaron al Congreso el 26 de septiembre. En esa ocasión protestaron por los registros ocurridos el día 20 en la Conselleria de Economia por orden de un juez.

 

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