Sacyl absorbió el 62 por ciento de la contratación de la Junta el primer año del covid

La Gerencia regional de Salud registró en 2020, el primer año de la pandemia del COVID, hasta el 62 por ciento del volumen de contratación de la Junta de Castilla y León. Fueron once puntos porcentuales más que el peso que representaba en los dos años previos al inicio de la crisis sanitaria. Le siguen, por importancia, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que representó el 13 por ciento frente al 18 por ciento de los dos ejercicios anteriores, y la Consejería de Educación y como el Itacyl, en torno al cinco por ciento, un punto menos.

Según el informe del Consejo de Cuentas sobre la contratación administrativa en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad en el ejercicio de 2020, presentado hoy en las Cortes por su presidente Mario Amilivia, por tipos de contratos, el 58 por ciento del importe total correspondió a suministros, 19 puntos porcentuales más que en la fiscalización realizada de los ejercicios 2018 y 2019; el 23 por ciento del total fue contratos de servicios, 12 puntos menos; y la contratación de obras supuso el 17 por ciento del importe, cuyo peso relativo descendió cuatro puntos.

Con motivo de su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico, Amilivia destacó que los datos proporcionados por el Registro Público de Contratos de la Administración de la Comunidad señalan que el número de contratos no menores formalizados ascendió en 2020 a 3.390, por un importe de adjudicación total de 960 millones de euros. 

El presidente del Consejo de Cuentas recordó que el número total de contratos menores ascendió a 13.798, por importe de 70 millones pero no están incluido en el informe presentado hoy ya que su revisión será objeto de una auditoría específica. Lo mismo ocurre con los contratos COVID. 

En 2020, primer ejercicio afectado por la pandemia, en cuanto al procedimiento de adjudicación, los contratos negociados sin publicidad ocuparon el mayor volumen del importe, un 42 por ciento del total, seguidos de los formalizados mediante de procedimiento abierto, un 40 por ciento; mientras que otras formas de adjudicación sumaron el 18 por ciento restante. Además, durante 2020 se tramitaron de forma ordinaria 2.523 expedientes; 820 mediante tramitación de emergencia y 47 de urgencia. 

En función de los expedientes examinados tras coger una muestra representativa de 85 expedientes (2,5 por ciento del total de contratos no menores), el informe del Consejo de Cuentas aseguró que la Junta cumple “razonablemente” con la legalidad aplicable a la contratación adjudicada en el ejercicio 2020, excepto por “determinadas” salvedades, incidencias y errores que afectan a los principios de publicidad y de transparencia de los procedimientos. Eso sí, Mario Amilivia quiso dejar claro que no han existido indicios de responsabilidad contable ni constituyen un tipo penal.

Muestra «más objetivable»

Preguntado por la muestra escasa de los expedientes examinados, el presidente del Consejo de Cuentas anunció que se estudia la posibilidad de “dar un paso más” e ir hacia un tipo de muestra “más objetivable”. Es decir, analizar todos los contratos por una determinada cuantía en una concreta fase de procedimiento de adjudicación. Algo que de llevarse a cabo será recogido en el futuro Plan anual de fiscalizaciones y en el Plan estratégico. 

Entre las recomendaciones del órgano de fiscalización están que el Registro Público de Contratos de la Administración autonómica debe depurar las “deficiencias” detectadas en su información y que los órganos de contratación deben velar por los medios utilizados para la “correcta” estimación del importe y asegurarse de la designación de un responsable del contrato. Además, insistió en que se debe reservar la utilización de la tramitación urgente y de emergencia “exclusivamente” para las circunstancias previstas en la ley.

El Consejo de Cuentas también advirtió a que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Gerencia Regional de Salud establezcan los medios para acreditar la solvencia económico-financiera, técnica y profesional de los licitadores. Asimismo, se pide reforzar la objetividad de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor, estableciendo en los pliegos con el suficiente detalle todos los baremos de reparto y subcriterios que serán tenidos en cuenta.

La Gerencia de Salud es objeto de otra recomendación al señalar que debe evitar distorsiones en la definición y ponderación de los criterios de adjudicación referentes a la oferta económica así como la adecuada adecuada publicación de la composición de las mesas de contratación y de sus actas, algo que también hace extensible a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

Por último, el Consejo de Cuentas reclama que los órganos de contratación deben asegurarse de que el documento contractual incluye el contenido preceptivo y es objeto de la adecuada publicidad en los diarios oficiales y en el perfil de contratante así como “extremar” esfuerzos para que los contratos se cumplan en los plazos establecidos.