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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia antes los medios en el Palacio de La Moncloa tras el último Consejo de Ministros de 2018, celebrado hoy. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Sánchez no deroga la reforma de pensiones de Rajoy y las sube según lo pactado entre el PP y PNV

Nueva rectificación de Sánchez. En contra de lo dicho, no ha derogado la reforma de pensiones de Rajoy se ha apuntado el tanto de la subida para 2019 que ya habían pactado el PP y PNV.

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El Gobierno ha aprobado hoy una subida de las pensiones por encima de la inflación prevista en 2019, del 1,6 % general y del 3 % para las mínimas y no contributivas, pero finalmente, en contra de lo dicho, no ha derogado el mecanismo de revalorización anual impuesto por el PP en su reforma de las pensiones de 2013.

A pesar de que el borrador del decreto ley suprimía esa fórmula y establecía un nuevo mecanismo de revalorización, en el texto aprobado hoy en Consejo de Ministros se dispone que no se aplique la normativa vigente por la que entre 2014 y 2017 la subida de las pensiones fue del 0,25 %.

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La norma recoge la voluntad del Gobierno de diseñar en los seis primeros meses de 2019 un mecanismo de revalorización, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo, que garantice el poder adquisitivo de las pensiones preservando la sostenibilidad del sistema.

«Hoy se pone fin al periodo de merma de poder adquisitivo de las pensiones», ha dicho el presidente, Pedro Sánchez, que ha asumido y se ha apuntado el tanto de la subida de las pensiones para 2019 ya comprometida en los Presupuestos de 2018 como consecuencia del pacto entre el Gobierno del PP y el PNV. Sánchez, sin embargo, se ha olvidado de que el único presidente que ha congelado las pensiones en España fue su compañero socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Sánchez ha asegurado que la subida de 2019, que tendrá un coste de 2.591 millones de euros a repartir entre 10,3 millones de pensiones, supondrá una ganancia de poder adquisitivo de hasta seis décimas, dado que la previsión de inflación para el año que viene está en el entorno del 1 %.

La fórmula de revalorización propuesta en el borrador es que la finalmente se aplicará para compensar las pensiones en 2018 por la desviación del IPC, lo que supondrá una subida adicional del 0,1 % que tendrá un coste de 244,66 millones para la Seguridad Social.

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Esa compensación resulta de hacer la media de las tasas anuales de inflación comprendidas entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018, lo que da un 1,7 % frente al 1,6 % que se subió inicialmente.

Además, se ha aprobado elevar del 56 al 60 % la parte de la base reguladora que se utiliza para calcular la pensión de viudedad, lo que beneficiará a las personas de 65 años o más que no perciban ingresos por trabajo u otras pensiones.

El decreto ley aprobado hoy incluye además una serie de iniciativas en el ámbito laboral y de la Seguridad Social que no han sido del todo bien recibidas por los sindicatos CCOO y UGT, que las han considerado insuficientes y en algunos casos diferentes a lo que se estaba tratando en la mesa del diálogo social.

La mejora de la protección de los autónomos, pactada con el colectivo esta semana junto con una subida de las cuotas a tres años, incluye la ampliación de la prestación del cese por actividad y el cobro por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja, entre otras cosas.

También en el ámbito de la Seguridad Social se ha subido del 36 al 40 % el recargo sobre la cuota empresarial para los contratos de duración igual o inferior a cinco días.

Además, la base de cotización máxima para el régimen general se sube un 7 %, hasta un tope de 4.070,10 euros mensuales en 2019.

En el marco laboral se facilita que los convenios colectivos contemplen la llamada jubilación forzosa, una demanda surgida de la negociación colectiva para poder extinguir el contrato de trabajo a quienes lleguen a la edad de jubilación siempre que tengan derecho al cien por cien de la pensión.

Se deroga el complemento salarial de 430 euros para jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil, pactado en los Presupuestos de 2018 entre el Gobierno del PP y Ciudadanos.

Se elimina el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, vigente desde la reforma laboral de 2012, utilizado por autónomos y pymes con menos de 50 trabajadores, bonificado fiscalmente y con un periodo de prueba de un año durante el que no se paga indemnización por despido.

Asimismo, se suprimen contratos e incentivos vinculados a una tasa de paro superior al 15 % y se establece la vigencia indefinida del subsidio extraordinario por desempleo hasta que se implemente un nuevo marco de protección para las personas sin trabajo.