Santander Totta gana la batalla judicial de los ‘swaps’ a Portugal

Santander Totta gana la batalla judicial de los ‘swaps’ a Portugal

04 marzo, 2016
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Actualizado: 04 marzo, 2016 0:00
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Un tribunal de Londres condenó a cuatro empresas públicas portuguesas a indemnizar al banco Santander Totta por haber suspendido de forma unilateral nueve contratos de derivados financieros denominados «swap».

El Totta, filial portuguesa del español Banco Santander, informó hoy en un comunicado de que la sentencia recoge que «quedó claro a lo largo de todo el proceso de negociación que el banco aconsejó debidamente a las empresas públicas en el momento de la celebración de los contratos».

El caso de los «swap» enfrentaba al Totta y a las empresas Metro de Oporto, Metro de Lisboa, Carris (autobús y tranvía de Lisboa) y STCP (autobús y tranvía de Oporto) debido a la legalidad de nueve contratos de gestión de riesgo financiero («swap») suscritos entre 2005 y 2007.

Las enormes pérdidas sufridas por el Estado luso derivadas de estos contratos -cercanas a 3.000 millones de euros- y el fracaso de las negociaciones con el Santander Totta llevaron a las cuatro empresas a suspender los pagos asociados a estos contratos en 2013, por lo que la entidad decidió llevar el caso a los tribunales. La sentencia del tribunal londinense, que admite recurso, señala además que «en el momento de la contratación todas las partes tenían buenas razones para creer que los contratos servirían a los mejores intereses de las empresas públicas».

Aunque el Totta no desveló el montante de la indemnización que debe pagar el Estado portugués, el periódico luso Diario de Noticias apunta a que la cifra alcanza los 1.800 millones de euros.

Los llamados contratos «swap» son utilizados habitualmente para proteger a la firma que ha solicitado un crédito a un tipo de interés variable de una posible subida del Euribor. Este producto, considerado especulativo por algunos analistas y expertos, puede generar elevadas pérdidas si el Euribor baja en vez de aumentar, como ocurrió en este caso.

Algunas de las empresas públicas lusas que apostaron por esta clase de operaciones suscribieron contratos complejos en los que la penalización dependía de la evolución del precio del petróleo o la cotización del dólar, lo que disparó su perjuicio económico, con el fin de dar un pelotazo con el dinero del contribuyente.

La contratación de productos financieros de alto riesgo por parte de empresas públicas lusas durante la década pasada generó una enorme polémica en Portugal en 2013, cuando todavía se encontraba bajo la ayuda financiera internacional, e incluso provocó la dimisión de tres secretarios de Estado.

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