Suárez-Quiñones defiende la legalidad y el precio de la venta de los todoterreno

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sentenció hoy que «no hay ningún tipo de figura delictiva» en la venta de todoterrenos y defendió que los 664 vehículos de campo enajenados por su departamento entre 2015 y 2019 se subastaron y vendieron directamente dentro de los “procesos previstos legalmente», que incluso se mejoraron, dijo, mediante un «incremento de garantías» abriéndolo a «concurrencia”. Además, explicó que existe un documento que plasma este negocio jurídico de transmisión de la propiedad entre la Administración y la empresa o entidad, que difiere de un contrato, y defendió que los procesos se llevaron a cabo en el marco de las previsiones de la normativa aplicable a la enajenación de los bienes muebles de la Junta, lo que aseguró la obtención “del máximo precio de mercado”.

En total, dijo, “hay 30 expedientes de enajenación como procedimientos administrativos abiertos”, que corresponden a 193 empresas participantes (citó a cada una de ellas) y 131 ofertas, con las que se obtuvieron casi 700.000 euros.

Suárez-Quiñones compareció en las Cortes a petición propia, además de a instancia del Grupo Parlamentario Socialista y de Podemos, que tuvieron a bien hacerlo de forma conjunta, para explicar un caso que investigan la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid. Recordó que todos los vehículos de las delegaciones territoriales eran “inidóneos” e “inservibles” para Medio Ambiente y aclaró que “se enajenaron a la oferta económica más alta, sin excepción”. En el 96 por ciento de los casos, estos procesos, que admitió que son “complejos”, se desarrollaron de forma acompasada con la provisión de nuevos vehículos. A pesar de dar explicaciones en sede parlamentaria, el consejero aclaró que los procesos han sido gestionadas por los servicios territoriales y que corresponde la resolución final del procedimiento a cada delegado.

Suárez-Quiñones distinguió un grupo de cinco vehículos en la provincia de Soria enajenados mediante adjudicación estrictamente directa a ayuntamientos y al Club Land Rover; y otro, que “ha sido el centro de atención”, compuesto por 659 enajenados por procedimientos abiertos a la concurrencia, en los que señaló que se ha invitado “a numerosas empresas a la presentación de ofertas, admitiéndose además de otras no invitadas”.

La enajenación se realizó a partir de 2017 en el marco del proceso de renovación del parque de vehículos del personal de campo llevado a cabo la pasada legislatura. Todas ellas realizadas, añadió, a quien envió la “oferta más alta en la concurrencia, sin excepción”. “Los vehículos eran inservibles para los fines de trabajo a lo que estaban adscritos, con antigüedad media de 18 años, con más de 400.000 kilómetros, historial mecánico… Eran inidóneos para el servicio con la debida seguridad”, dijo.

Suárez-Quiñones señaló que esta enajenación no es competencia suya “ni puede ejercerla”. Por provincias, la que celebró un mayor número de enajenaciones fue Burgos, con 136, seguida de Soria, con 98, León, con 90, Ávila, con 78, Segovia, con 66, Valladolid, con 64, Zamora, con 49, Salamanca, con 46, y Palencia, con 37.

En resumen y antes de profundizar en el procedimiento, Suárez-Quiñones apeló al respeto a la investigación en trámite y consideró que “a tenor de la información recabada no hay ningún tipo de figura delictiva, pero la Guardia Civil y el juez hacen su trabajo; no se levantan un día y dicen ‘voy a investigar a la Junta’. En este sentido, acusó a la oposición de “poderles la ansiedad para apropiarse “en su boca de delitos y corrupciones”. Además, saludó que la benemérita “busque unos correos electrónicos” en la sede de la Consejería. “Bienvenidos sean. Hay plena confianza en la Justicia y Guardia Civil. Hay que dejarles trabajar, incluidos ustedes”, les instó. No obstante, emplazó a PSOE y Podemos a facilitarles todos los datos solicitados y que por su importante cantidad “es imposible hacerlo en una comparecencia”.

El consejero aseveró que según la Ley de Patrimonio hubiese sido legal la venta directa estricta a un comprador concreto, a elección de cada delegación territorial, ya que concurrían los requisitos legalmente previstos para ello: “Eran vehículos obsoletos, con un valor inferior al 25 por ciento del de compra, que no superen el valor de 30.000 euros establecidos en la Ley, y en todo caso eran también bienes deteriorados”, dijo. Sin embargo, para “mayor garantía y obtención del mejor precio para las arcas públicas se optó por introducir en el procedimiento de enajenación directa el correctivo de abrir la concurrencia de diversas empresas para provocar una multiplicidad de ofertas y hacer la enajenación a la de importe más alto”.

Igualmente, sostuvo que carece “absolutamente de justificación” cualquier especulación a posteriori sobre el valor o el uso de estos vehículos, porque una vez que se han enajenado conforme a las normas de competencia y a la Ley, “el negocio jurídico transfiere la propiedad y los nuevos dueños son libres de hacer lo que estimen por conveniente con dichos vehículos y están obligados a cumplir las normas aplicables”. Obviamente, informó Suárez-Quiñones, “ninguno de los vehículos figura a nombre de la Junta en Tráfico”.

El procurador del Grupo Socialista Ángel Hernández acusó al consejero de “hacer una chapuza mayúscula” con este asunto y de mentir en sede parlamentaria, pues recordó que en la pregunta oral que respondió en el último pleno coincidía el número de vehículos con la cifra ofrecida hoy pero no la de empresas. “Estamos ante un engaño masivo al Parlamento. Yo no había dicho otra cosa igual. Dijo que habíamos hablado de procesos de contratación y el que habló de ello fue el señor consejero”, insistió. Una afirmación que no gustó a Suárez-Quiñones, quien admitió que puede “cometer algún error, pero no decir mentiras”.

Hernández reiteró que a día de hoy “no se sabe por cuánto han vendido los vehículos, ni el kilometraje, ni si se ha pagado IVA o Impuesto de Transmisiones, no se sabe nada porque ha intentado hacer un ‘totum revolutum’”.También alertó de que, a su juicio, faltan 568 vehículos entre el censo de noviembre de 2019 y de mayo de 2017 propiedad de la Junta.

Hernández aseguró que el PSOE “no duda” de los funcionarios públicos, como tampoco de la Guardia Civil y del Juzgado de Instrucción, pero mostró su “preocupación por el escándalo” de que la benemérita entre en una Consejería de la Junta. “Por la calle me lo dicen”, denunció.

En la misma línea se posicionó el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien insistió en preguntar al consejero por las razones por las que la Guardia Civil “entró en la Consejería” y entendió porque “un juez” -en referencia a Suárez-Quiñones, ocupa este departamento: “Ha recibido numerosas sentencias en contra de los tribunales (“ninguna en firme”, respondió el consejero) y ahora no ha explicado nada del asunto que se ha requerido aquí. No lo dice Podemos. Es que la Guardia Civil ha pedido información que había sido denegada y el Juzgado ha abierto una causa al efecto”.

En este sentido, acusó al consejero de “echar balones fuera y excusarse” con las competencias, que son de las delegaciones territoriales. “Mal empezamos, porque no las nombra el Espíritu Santo, sino la Junta”, comentó, sobre una comparecencia que calificó de “decepcionante” y aseguró echar en falta en “la relación de desguaces, el desguace mayor, el que está perpetrando el PP y Cs en esta Comunidad, sometiéndonos a bochornos día tras día y a comparecencias como esta, que pide responsabilidades políticas, paralelamente a la investigación judicial”. Igualmente, señaló que “parece que el ejemplo de lectura profunda” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “está calando en los consejeros”. “Se quiere quitar un marrón que no va a poder”, dijo.

Por su parte, la procuradora del Grupo Ciudadanos, Blanca Negrete, mostró respeto la labor judicial que está en trámite a los funcionarios públicos que han intervenido en el proceso. Negrete insistió al consejero en los criterios técnicos de las delegaciones territoriales para conformar los 30 lotes y porque no superaron el valor de 30.000 euros y en la “obsolescencia o no” de los vehículos, si hubo tasaciones. “Si es legal, es el criterio que hay, me satisfaga o no”, respondió.

Para concluir, el procurador del Grupo Popular Ricardo Gavilanes agradeció la explicación “pormenorizada” del consejero. Lamentó que la oposición “ataque”, no ya a Suárez-Quiñones, “sino a los funcionarios que establecen los criterios para enajenar estos bienes”. “Las explicaciones son suficientes para determinar que se ha cumplido escrupulosamente con el procedimiento y aplicado la normativa. Lo ha explicado de forma perfecta y contundente y no hay caso, por mucho que les duela al PSOE y a Grupo Mixto, porque se creían que tenían aquí la panacea y no la tienen”, concluyó Gavilanes, quien durante su intervención motivó una advertencia del presidente de la Comisión de Fomento y Medio Ambiente para que se ciñera a la comparecencia, después de citar la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, además de mencionar el nombre del presidente venezolano, Nicolás Maduro.