Suárez-Quiñones pide al Ministerio que pague los 37 millones que la UE destina a vivienda

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, exigió hoy al Ejecutivo central que entregue los fondos europeos pendientes de pago y que se “comprometa” con los jóvenes dotando de dinero el bono joven de ayudas al alquiler que “se organizó y convocó sin la coordinación de las comunidades autónomas”. Así lo dijo minutos antes de participar en la Conferencia Sectorial de Vivienda que supuso, además, el estreno de Isabel Rodríguez como ministra del ramo.

A juicio del consejero, el Gobierno solo es “el intermediario en la entrega de esos fondos”, por lo que se va a exigir que traslade ese dinero de la Unión Europea a las autonomías. “Vamos a reclamar la entrega inmediata de esos 37 millones de euros, porque además Castilla y León ha cumplido con los objetivos establecidos”, remarcó.

En este primer encuentro con la nueva ministra, el Gobierno autonómico pondrá otros temas sobre la mesa, según adelantó el consejero. Así, explicó que le cuestionará a la ministra si se van a comprometer o no con el bono alquiler joven, porque “trasladaron la gestión sin dinero suficiente, con lo que tres de cada cuatro jóvenes se quedaron sin ayudas”. “Les vamos a pedir que tengan el mismo compromiso que tiene la Junta”, ha remarcado, recordando “que las ayudas convocadas para el alquiler de viviendas con fondos del convenio de vivienda y con fondos autónomos importantes de la Junta han llegado a todos los jóvenes”.

El consejero ha destacado que el Gobierno autonómico va a exigir al Ministerio “que ese bono alquiler joven sea un compromiso real con los jóvenes”, al tiempo que imploró a la nueva ministra “que no traslade la pelota al tejado de otros, y plantee que seamos nosotros, los territorios, los que tenemos que financiar también ese bono, cuando las comunidades ya financiamos las ayudas que son de nuestra responsabilidad con un importante esfuerzo presupuestario”. “A ellos les toca dotar de fondos las ayudas que ellos convocan. Además hay que recordar que las convocaron y las organizaron sin el consentimiento y la coordinación con las comunidades”, ha subrayado Suárez-Quiñones.

Eficiencia energética

Por otro lado, la Junta también planteará en la cita del Ministerio con las comunidades, otros aspectos como las ayudas para la eficiencia energética, que podrían sufrir “un parón importante” una vez que dejen de llegar fondos europeos. En cuanto a las viviendas de la Sareb, “que tanto habló de ellas el presidente del Gobierno en la campaña electoral”, el consejero reclamará “información de esas viviendas que se supone que van a poner a disposición de las comunidades autónomas”. También se cuestionará a la ministra sobre la Ley del Suelo y sobre sus políticas de cara a esta legislatura.

Legislatura previa

Al ser cuestionado sobre la legislatura anterior, Suárez-Quiñones detalló que había habido una relación “razonable” con el equipo del Ministerio. Aún así, ha recordado que desde la Junta se han criticado determinadas actuaciones como el traslado de fondos, “porque va con una regulación del Estado” que, a su juicio, dificulta su tramitación. En este sentido puso como ejemplo “el Real Decreto que regula las ayudas a la eficiencia energética” que es “excesivamente complejo” y ha complicado a los ciudadanos cumplimentar los requisitos. “Lo hemos dicho hasta la saciedad y no se ha dulcificado ni flexibilizado”, denunció.

“Y luego está el bagaje de la Ley de Vivienda del Estado, que nosotros ya mostramos nuestra contrariedad a muchas de sus medidas, a su intervencionismo”, remarcó el consejero, que insistió en que es una norma “que pone freno al alquiler porque desincentiva el alquiler de las viviendas y tiene figuras de intervencionismo que invaden competencias autonómicas”.

Además, recordó que el Gobierno central “mantiene ese apoyo a la okupación material para que las personas que vean su casa okupada tengan más dificultades y tarden mas tiempo en recuperar sus viviendas”. “Por eso nosotros hemos puesto en marcha unas oficinas de información que, afortunadamente, han tenido un uso limitado porque en Castilla y León las políticas están ordenadas. Y tenemos un mercado del alquiler protegido con el aval de la Junta. Pero es verdad que la Ley del Estado, la ley del Gobierno, preocupa a los propietarios”, concluyó, antes de entrar a la reunión.