Suspender los desahucios provocará una morosidad de 132 millones, según ANA

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) considera que la suspensión de los desahucios que el Gobierno tiene previsto aprobar mañana en el Consejo de Ministros provocará pérdidas acumuladas de más de 9.000 euros a cada propietario y más de 132 millones de euros de morosidad.

La agencia ha calculado estos datos en función de los lanzamientos por impago de alquiler que ofrece regularmente el Consejo General del Poder Judicial y la renta media de alquiler en España.

Con estos datos, la ANA ha señalado que esta nueva suspensión de los lanzamientos de los desahucios sin alternativa habitacional, que se aprobará hasta el 9 de mayo de 2021, va a provocar pérdidas totales de más de 9.000 a cada arrendador de vivienda que estuviera sufriendo impagos de rentas desde que se iniciara el estado de alarma.

Sin embargo, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, considera que la situación puede ser aún más dramática si cuando el propietario va finalmente a recuperar la vivienda se encuentra desperfectos y en algunos casos impago de suministros, lo que puede duplicar la cifra anteriormente señalada.

Con todo ello, la ANA ha calculado que la morosidad media en el alquiler superará los 132,6 millones de euros. Esta es la estimación media de la morosidad en 2020 por los lanzamientos por no pagar el alquiler que no se han llevado a cabo por las prohibiciones decretadas.

Hasta el tercer trimestre de 2019 hubo 27.157 lanzamientos por desahucios por no pagar el alquiler y en el mismo período de 2020 se han producido 13.095 lanzamientos por las medidas adoptadas por el Gobierno.

En el mejor de los casos, ha agregado la ANA, durante los estados de alarma se han dejado en suspenso hasta el tercer trimestre de 2020, inclusive, 14.062 lanzamientos a cargo de propietarios que no les han pagado la renta de alquiler.

En este contexto, el directivo ha lamentado que hasta la fecha no se haya contemplado ninguna contraprestación económica para los propietarios particulares que han dejado de percibir la renta de alquiler.

Algunos, ha apuntado, son propietarios vulnerables, que también están en ertes o están siendo despedidos y el alquiler era su única fuente de subsistencia.

Además, ha asegurado que si el Gobierno interviene para paralizar los desahucios y para prorrogar de nuevo de forma obligada todos los contratos de arrendamiento que venzan hasta la finalización del estado de alarma estaría expropiando temporalmente a los propietarios su derecho de dominio, lo que supone además un «varapalo» para la seguridad jurídica.