El TC suspende la ley catalana para romper la caja única de la Seguridad Social

El Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar la Ley de la Agencia de Protección Social de Cataluña, que pretende crear una seguridad social catalana, con la que el Gobierno de Puigdemont pretende romper la caja única de la Seguridad Social.
La suspensión se produce al admitir a trámite el tribunal el recurso del Gobierno, el último de los que ha presentado recientemente la Abogacía del Estado contra las leyes que pretenden crear estructuras de Estado en Cataluña. Ese recurso impugna toda la ley citada en su conjunto y en él se invoca el artículo 161.2 de la Constitución, que supone la suspensión cautelar.

El Gobierno recurrió a finales del pasado mes de septiembre contra la Ley de la Agencia de Protección Social de Cataluña por entender que pretende crear un organismo autónomo de sanidad y seguridad social vinculado al proceso secesionista. La admisión del recurso supone la suspensión de la norma durante al menos cinco meses, período que puede ser renovado en sucesivas ocasiones por el tribunal en tanto no resuelva sobre el fondo del asunto.

la Generalitat ya ha activado la obligación a las empresas públicas o con participación pública de pagar los impuestos a la Hacienda catalana, tal y como recoge este manuscrito. En total, habría unos 4.500 millones en ingresos procedentes del IRPF y cotizaciones sociales de los funcionarios, un dinero que debe pasar por el Ministerio de Hacienda y que se debe ingresar en la caja única de la Seguridad Social. No obstante, según este plan, se emplaza a la Generalitat a romper este sistema. No obstante, la realidad es que sólo 4 o 6 de las 180 empresas y organismos públicos hacen la declaración a través de la Agencia Tributaria Catalana.

“Activar un plan de ajuste de gasto del Gobierno catalán y atrasando los pagos a proveedores”. Era parte del manuscrito encontrado en la Consejería de Economía. Pero la realidad, es que con la intervención de Montoro no es posible activarlo. En caso de guerrilla, la «capacidad de sostener tesorería hasta diciembre» con un mes crítico: en julio de 2018, ya que deben devolver a CaixaBank y BBVA unas líneas de crédito por valor de 3.547 millones.