Tras la estiba, Bruselas vuelve a la carga contra España con otra denuncia

Tras la estiba, Bruselas vuelve a la carga contra España con otra denuncia

13 julio, 2017
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Actualizado: 13 julio, 2017 13:53
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La Comisión Europea (CE) ha decidido el mismo día que se conoce la multa por la liberalización tardía de la estiba denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber introducido en la legislación nacional las normas comunitarias que protegen a los denunciantes de infracciones en el mercado.

La Comisión asegura que España debería haber puesto en marcha las directrices de la Comisión en julio de 2016. Bruselas abrió en septiembre del año pasado un procedimiento de infracción a España por este motivo y en febrero dio el segundo paso dentro del mismo, al enviarle un dictámen motivado en el que le advertía de que tenía dos meses para notificar las medidas que aplicaría para transponer la directiva europea.

Según indicó hoy el Ejecutivo comunitario en un comunicado, desde que se abrió el procedimiento de infracción «la Comisión no ha recibido información respecto de la incorporación completa de las citadas normas al ordenamiento jurídico nacional», por lo que ha decidido remitir el caso a la corte de Luxemburgo.

La directiva, que la CE adoptó en 2015 y debía ser transpuesta por los países a más tardar el 3 de julio de 2016, contiene disposiciones para proteger a las personas que advierten de infracciones o posibles infracciones sobre las reglas de abuso de mercado.

Asimismo, detalla el sistema de seguimiento de las denuncias y de protección de los datos personales de los delatores, entre otros aspectos. En concreto, hace referencia a la obligación de facilitar una comunicación anónima de los ciudadanos con las autoridades competentes a través de canales «independientes y autónomos», además de poner a disposición del denunciante personal especializado para tratar estas demandas.

La directiva hace hincapié en la importancia de estas disposiciones ya que, según el texto, «las personas que deseen denunciar una infracción pueden verse disuadidas de hacerlo por miedo a represalias, discriminación o divulgación de datos personales».

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