Trillo reitera sus «dudas» sobre las operaciones de Arroyo y Portillo

Trillo reitera sus «dudas» sobre las operaciones de Arroyo y Portillo

El procurador popular, que no es investigado, cree que Herrera consiguió aminorar el gasto final
04 octubre, 2021
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Actualizado: 04 octubre, 2021 18:38
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El exalto cargo de Economía y actual procurador del Grupo Popular en las Cortes Pablo Trillo-Figueroa reiteró hoy las dudas que tuvo sobre la operación de compra del edificio de Arroyo y de los terrenos de Portillo por su elevado precio, aunque concretó que serán los tribunales quienes dictamine si hay algo ilegal.

Trillo-Figueroa afirmó que los entonces viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández “conocían a la perfección” la operación, declinó hablar del consejero Tomás Villanueva, ya fallecido, y estimó que “algo hizo” el presidente Juan Vicente Herrera tras su conversación cuando el precio pagado se rebajó.

En su comparecencia en la comisión de investigación sobre la adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León, polígono de Portillo y edificio de Arroyo, Trillo-Figueroa, exvicepresidente de Ade y exsecretario general de Economía y Empleo, pero que no está investigado por el juzgado, confirmó la reserva que tuvo sobre el precio de compra del edificio de soluciones empresariales, cuya preocupación confesó al presidente Juan Vicente Herrera.

Trillo-Figueroa, que explicó a la comisión lo que ya declaró al juez, manifestó que “a lo largo” de una conversación con Herrera, que no era para eso, le trasladó su preocupación por el excesivo precio de compra del edificio de Arroyo y hasta su “disgusto y cabreo” porque se le conociera como la ‘Perla Negra’.

El presidente le dijo que no se preocupara, que se iba a enterar, relató el exalto cargo a la comisión, donde afirmó que depositó su confianza en el presidente porque le considera una persona honesta. Al respecto, consideró que “algo hizo” y algo influyó el presidente” porque de 72 millones la operación se cerró en 52 millones.

A la pregunta de la socialista Patricia Gómez de por qué informó a Herrera y no al consejero Tomás Villanueva, si fue porque no le consideraba tan honesto, manifestó que, como militar, es jerárquico y una vez que el presidente le dijo que le mantuviera informado se sintió relegado de trasladarlo al consejero, sobre quien rechazó realizar cualquier “juicio de valor” porque “ya no está”.

Trillo-Figueroa, a preguntas de Laura Domínguez (Podemos), Javier Panizo (Cs) y Patricia Gómez (PSOE), explicó que como consejero del consejo de administración de la empresa pública Gesturcal le pareció excesivo el precio de compra del edificio de Arroyo y relató que pidió un informe sobre la compra de terrenos de Portillo, que apareció en el orden del día de un consejo sin que tuvieran mayor información.

A lo largo de su comparecencia, reiteró que no entendía la operación, lo que atribuyó a visiones distintas con Delgado y Hernández, además de que como militar es “una persona austera”. Sobre Portillo, explicó que las dudas las expresó el entonces director general de Presupuestos Armando Baeta y el se unió a no firmar nada sin tenerlo claro.

El informe del asesor señaló que Delgado tenía competencia para proponer la compra de terrenos en Portillo para un polígono empresarial y él se quedó “tranquilo”, aunque asumió su “papel complicado” al ser alto cargo de la misma Consejería y que la petición de un informe “les molestó”. “Es cierto que tuvimos diferencias (Delgado y Hernández), pero a mi no me llama nadie a capítulo”, respondió al popular Alberto Castro.

Aseguró que Rafael Delgado y Begoña Hernández “conocían a la perfección” la operación tanto del edificio de Arroyo como del fustrado polígono de Portillo y llevaban ese mandato al consejo de administración de Gesturcal, si bien precisó que, aunque a él no le gustara, no puede decir si es ilegal, porque corresponde a los tribunales.

En su opinión los consejeros, que lo eran o bien por su cargo o por su experiencia, tenían “muy poca información” de los asuntos que se trataban y las decisiones eran por asentimiento y solo se votaba en casos de alcance, como la compra de un edificio por 52 millones.

Patricia Gómez y Laura Domínguez le recordaron que el precio pagado es de 70 millones, según la tasación judicial, y Trillo-Figueroa respondió que se ha conocido después, cuando la causa está en el juzgado, y que el pensó al acordarse los 52 millones sin IVA que “algo debió influir” el presidente de la Junta.

Por otro lado, manifestó que no le consta que esta operación fuera conocida por los consejeros, si bien añadió que el presidente si lo habló con la consejera de Hacienda, en ese momento Pilar del Olmo, aunque añadió que él nunca ha visto el informe de ese departamento de 52 millones, “leído en el consejo de administración de Gesturcal por Rafael Delgado”.

El procurador del PP Alberto Castro agradeció el ejemplo de Pablo-Trillo al poner “obstáculos o peros”, como señaló el juez, a la operación de Portillo y Arroyo, rechazó que exista una “trama, sino unas actuaciones individualizadas” que están en el juzgado y deberá éste determinar la culpabilidad o no de esas personas a título individual.

Pablo-Trillo, que compartió que lo juzgado “no es una trama”, agradeció las palabras de su compañero de partido porque “el episodio no fue agradable”, dado que el juez “hizo tabla rasa e imputó a todo el consejo de administración y tu honor, ante la opinión pública, se ve en entredicho”.

“Lo peor que le puede pasar a un político es corromperse, es deleznable”, argumentó, si bien opinó que si la justicia condena a alguno de los investigados lo que supone es que funciona el estado de derecho, aunque si lamentó que no sea más rápida porque “es horroroso la espera”, como en su caso de tres años, hasta que se declaró no estar inmerso en ninguna responsabilidad penal.

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