El TSJC prohíbe a Puigdemont tener acceso a los datos de los juzgados

La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado a la Generalitat la autorización para acceder a sus sistemas de gestión para «evaluar» el trabajo en los juzgados catalanes.

Según el alto tribunal autonómico, la Generalitat pretende «inspeccionar» su labor vulnerando la protección de datos. En un acuerdo, publicado en El País y al que ha tenido acceso Efe, la sala de gobierno del alto tribunal catalán rechaza por unanimidad la autorización solicitada por la Consejería de Justicia para implementar en varios juzgados catalanes su programa de «Coordinación de Evaluación y Mejora«.

El TSJC ha acordado remitir este programa al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que determine si se deben someter a esta «evaluación». La secretaria de relaciones con la administración de Justicia de la conselleria de Justicia, Patricia Gomà, anunció el pasado 15 de mayo que su departamento había pedido al TSJC que diera instrucciones para exigir una «productividad mínima» a jueces y funcionarios de las oficinas judiciales, al considerar que «han bajado el ritmo» y «se han adaptado a trabajar menos».

Tras estas declaraciones, que provocaron una airada protesta por parte del TSJC, la Consejería remitió el 25 de mayo al alto tribunal un escrito en el que pedía autorización para habilitar a los evaluadores del «Equipo de Mejora continua» para acceder a los sistemas de gestión procesal.

En concreto, la solicitud del departamento de Justicia era impulsar un plan piloto de evaluación en juzgados de Santa Coloma de Farners (Girona); Gavà (Barcelona); Lleida; L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona); Tortosa (Tarragona); Barcelona y Terrassa (Barcelona).

En su acuerdo unánime, la sala de gobierno del TSJC advierte de que por más de que la Generalitat «eluda» el término «inspección» y lo «mute» por el «vocablo ‘evaluación’«, tanto los objetivos específicos como los métodos o técnicas evaluadoras previstos «constituyen auténtica actividad inspectora de cada uno de los órganos judiciales sobre los que se proyecta desplegar el plan».

Además, los jueces catalanes alertan de que la autorización que se les pide para habilitar a los evaluadores del «Equipo de Mejora Continua» en el acceso de los sistemas de gestión procesal e-jcat y Temis2 -que permite conocer, a tiempo real, el estado de las causas judiciales en curso– «podría colisionar con la normativa en materia de protección de datos».

La sala de gobierno del TSJC ha remitido la petición de la conselleria de Justicia al CGPJ, ya que es este órgano quien tiene reservado «constitucional y orgánicamente» los objetivos específicos de evaluación planteados por el programa de la Generalitat.