La UE evita reformas transformadoras pero sienta serio precedente con Londres

María Ruiz Nievas

Bruselas, 21 feb.- La UE ha entregado al primer ministro británico, David Cameron, una herramienta de dudosa utilidad para su campaña por la permanencia del Reino Unido en el club comunitario al sellar un acuerdo que no incluye reformas esenciales, pero sí sienta serios precedentes en materia de libre circulación de los europeos.

El premier británico aseguró, tras cerrar el pacto con los otros 27 líderes europeos, que había conseguido un «estatus especial» para el Reino Unido que le permitirá acceder a «lo mejor de los mundos», al poder influir y beneficiarse del mercado interior sin formar parte del euro, de Schengen o de los rescates financieros, pero lo cierto es que el país ya gozaba de todos esos privilegios.

«No incluye ninguna nueva exclusión a la participación -conocidas en la jerga comunitaria como «opt outs»-, ni poder de veto para el Reino Unido en legislación financiera no deseada, ni recuperación de poderes», señala el analista de Global Counsel, Gregor Irwin, quien asegura que el pacto queda lejos de lo que querían muchos votantes, por lo que es difícil que favorezca el «sí» el próximo 23 de junio.

El centro de estudios Open Europe, por su parte, subraya que aunque el acuerdo no es «transformador» tampoco es «trivial», y asegura que debido a la oposición frontal de algunos Estados miembros es improbable que Cameron hubiera podido obtener «un cambio mucho más sustancial» en este momento.

El acuerdo constituye más bien en una reafirmación de las singularidades británicas y una aclaración oficial de los tratados, a lo que se suma una polémica concesión en materia de restricción del acceso de los trabajadores de otros Estados miembros a las prestaciones sociales que ofrece el Reino Unido.

Deja negro sobre blanco que el Reino Unido no está obligado a aceptar una mayor integración política, al tiempo que reconoce que no debe ser discriminado por no pertenecer al euro.

Además admite la posibilidad de que Londres pueda elevar al Consejo Europeo la discusión sobre un legislación económica con la que discrepe, lo que no deja de tener trascendencia, sobre todo si pensamos en el uso que puede darle Londres en negociaciones futuras.

En materia de prestaciones sociales, Londres no logra blindar de manera indefinida sus sistema contra la llegada de trabajadores de otros países de la UE, pero sus socios sí le consienten implantar restricciones que en la práctica entrañan una llamativa discriminación por nacionalidad.

Los trabajadores comunitarios que se desplacen al Reino Unido tendrán que trabajar durante cuatro años para ganarse gradualmente el derecho a recibir las mismas prestaciones que los británicos, y las ayudas por hijo que perciban quedarán adaptadas al nivel de vida del país de residencia de los menores.

Esta concesión bordea la infracción de uno de los principios constitutivos de la UE como es la libre circulación de trabajadores, un extremo que está por ver si tolera el Tribunal de Justicia de la UE.

Fuentes comunitarias admiten que durante la redacción del acuerdo se ha tenido en cuenta que podría acabar en la Corte de justicia, al tiempo que aseguran que prácticamente todos los principios fundamentales de la UE se pueden derogar siempre que exista una justificación de peso, que la interrupción tenga un carácter temporal y que sea proporcionada.

Otras fuentes apuntan a que el periodo de siete años que se concede a Londres para aplicar este «freno de emergencia» tiene a propósito la misma duración que los controles transitorios a los trabajadores del Este que aplicaron otros Estados miembros -y no el Reino Unido- tras la ampliación de 2004.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, consideró la medida «justa» para todos, y justificó el mecanismo para limitar los beneficios sociales precisamente con el argumento de que el Reino Unido abrió sus puertas sin condicionantes a los trabajadores comunitarios en 2004 y ahora hay que ayudarle a hacer frente a las consecuencias de esa decisión.

El pacto con el Reino Unido queda ahora congelado hasta que los británicos celebren el referendo y solo se tramitará en caso de que el pueblo británico elija quedarse en la UE, en cuyo caso la CE tendrá que presentar legislación para recoger los compromisos negociados y el Parlamento Europeo pronunciarse al respecto. EFE