La UE pena con cárcel el uso de información privilegiada

A partir del 3 de julio el uso de la información privilegiada tendrá un castigo de cuatro años de cárcel. Hasta ahora este tipo de conductas solo tenían una multa económica, pero la nueva directiva europea señala estas infracciones ya no solo serán administrativas, sino que serán consideradas delitos penales.

Junto al uso de información privilegiada, también se registran como delito la comunicación ilícita de información privilegiada; la recomendación a otra persona a realizar operaciones en base a esta información; la manipulación del mercado; fijar artificialmente el precio de un instrumento; o realizar operaciones con mecanismos falsos.

La normativa en España tiene que ser modificada cuanto antes. Para estos delitos la pena de cárcel pasa a ser de cuatro como mínimo. Las comunicaciones ilícitas tendría como pena dos años como máximo.

De esta forma, la UE quiere acabar con el abuso de mercado y parecerse más a EE UU, donde la ley al respecto es durísima. Las penas de prisión son habituales para este tipo de delitos.

El cambio deja a Europa fuera de los paraísos de los delincuentes financieros, ya que todo acaba con una simple multa, que llega a ser incluso inferior al dinero ganado con el uso de información privilegiada. En Noruega, por ejemplo, la pena para estos delitos es de 18 años de cárcel, mientras que en España por ese mismo delito se salda con la irrisoria multa de 23.000 euros, señala Rodrigo Buenaventura, director de mercados de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, a Procuradores de Madrid.

Entre otros se modifican los siguientes puntos:

-Las disposiciones se aplicarán a los instrumentos financieros de los mercados regulados, pero también a los instrumentos negociados en un sistema multilateral de negociación u organizado de contratación.

-Se presta atención a la prospección de mercado y las condiciones para no incurrir en abuso.

-Se armoniza la definición de información privilegiada y se amplía la de manipulación de mercado.

-Fija la obligación de tener actualizadas las listas de iniciados.

-Se introducen normas mínimas de sanciones y multas administrativas.

-Se pide establecer mecanismos adecuados de denuncia.