UE pide mejoras en DDHH a Bolivia, Paraguay y otros por ventajas comerciales

Bruselas, 28 ene.- La Unión Europea instó hoy a Bolivia, Paraguay y otros países a realizar mejoras en el ámbito de los derechos humanos, dentro del programa por el que les concede ventajas arancelarias si cumplen sus compromisos con convenciones internacionales fundamentales.

La Comisión Europea publicó hoy el primer informe sobre los efectos concretos de su sistema generalizado de preferencias arancelarias SGP , por el que anima a países terceros a cumplir con estándares internacionales en el ámbito de los derechos humanos o la protección medioambiental a cambio de un acceso comercial privilegiado al mercado comunitario.

A través de este sistema los países no pagan aranceles si han ratificado 27 convenciones internacionales, incluidas los de la ONU sobre derechos humanos y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos laborales, y si acceden a cooperar en su seguimiento e implementación.

Los catorce países evaluados bajo este proceso mostraron «progresos», aunque seis de ellos (Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú) han salido ya del SGP pero permanecen cubiertos por acuerdos de libre comercio que contienen capítulos en los que se comprometen con el desarrollo sostenible.

Según el informe, Bolivia y Paraguay, que aún permanecen bajo el SGP , deben realizar mejoras.

En el caso de Bolivia, que ha adoptado varias medidas legislativas para mejorar la situación de los derechos humanos, aún hay que garantizar que se aplican «de manera sistemática y eficaz».

La UE la anima además a centrarse en el trabajo infantil y, en particular, en la edad mínima para trabajar, y sobre la producción y tráfico de drogas y la lucha contra la corrupción reconoce que ha hecho progresos, aunque «aún tiene que hacer más».

Paraguay hizo avances, pero aún es necesaria una «acción sostenida» para implementar los derechos humanos (violencia contra las mujeres, trabajo infantil, asesinatos de activistas), un «mecanismo coherente» para afrontar las reclamaciones de tierras indígenas y recursos adicionales para atajar el tráfico de drogas.

Por lo que respecta a Costa Rica, el informe declara satisfacción por su implementación de las 27 convenciones y destaca su trabajo para resolver carencias relacionadas con la discriminación de pueblos indígenas y restricciones al derecho a huelga.

Sobre Ecuador, señala que cumple la mayoría de las convenciones, pero que a pesar de los avances en cambio climático, igualdad de género o trabajo infantil, aún supone un reto la libertad de expresión y se mantienen diferencias con la OIT sobre la libertad de asociación.

El Salvador cumplió en general con sus objetivos, aunque aún debe prestar más atención a la violencia contra las mujeres o la inseguridad, y también a la implementación del derecho a la negociación laboral colectiva.

De Guatemala el informe asegura que cumple con la mayoría de las convenciones y que ha hecho progresos en la violencia de género y la revisión de las exportaciones de madera, aunque aún debe mejorar a la hora de combatir la corrupción y garantizar la independencia de la judicatura y el derecho de asociación.

Por lo que respecta a Panamá, destaca su historial de cumplimiento de los derechos humanos y, en especial, sus avances en igualdad de género, convenciones laborales o lucha contra el narcotráfico, pero le pide más esfuerzos para atajar la discriminación contra las comunidades indígenas.

De Perú subraya sus esfuerzos en materia de lucha contra el tráfico de drogas, transparencia contra la corrupción o promoción de los derechos de los indígenas, y ve «crucial» que siga avanzando en ámbitos como la violencia contra las mujeres y los derechos de la comunidad LGBTI.

Los otros países incluidos en el informe son Armenia, Cabo Verde, Georgia, Mongolia, Pakistán y Filipinas.

Los catorce países, así como las instituciones de la UE y organizaciones de la sociedad civil, podrán a continuación responder a los resultados del informe. EFE